La Contraloría Regional de Antofagasta detectó pagos improcedentes por más de $2.353 millones en el Hospital Carlos Cisternas de Calama, correspondientes principalmente a servicios de seguridad, vigilancia y aseo cuya ejecución no pudo ser acreditada.
Los antecedentes fueron consignados en el Informe N°673 de 2025, que reveló diversas irregularidades en procesos de contratación, ejecución de servicios y control financiero del recinto asistencial entre 2023 y 2025.
Según el organismo fiscalizador, el hospital celebró contratos mediante licitaciones públicas y tratos directos por montos que requerían el trámite previo de toma de razón ante Contraloría, procedimiento que no fue realizado.
La investigación también estableció que el establecimiento efectuó pagos por $783 millones asociados a servicios de vigilancia y seguridad sin contar con documentación que acreditara su ejecución, como contratos o registros de asignación de personal.
Deficiencias en hospital de Calama
A ello se suman desembolsos por $684 millones en servicios de aseo cuya realización tampoco pudo ser verificada, además de otros $393 millones catalogados como “Gastos Generales”, respecto de los cuales no fue posible determinar la procedencia ni la razonabilidad del gasto.
El informe agrega que se detectaron pagos duplicados y errores de validación financiera, así como contratos para servicios administrativos, de seguridad y provisión de insumos con respaldos insuficientes para acreditar que las prestaciones fueron efectivamente ejecutadas.
Asimismo, la Contraloría advirtió irregularidades en procesos licitatorios, incluyendo la aceptación de antecedentes que no permitían acreditar experiencia compatible con los servicios requeridos y la selección de ofertas de mayor valor económico sin una justificación suficiente, pese a existir alternativas más convenientes.
Por estos hechos, la entidad fiscalizadora anunció la presentación de un reparo por $2.353.540.670, mecanismo destinado a recuperar recursos públicos pagados de forma improcedente.
Conflicto de interés y documentos adulterados
La auditoría también detectó observaciones en contrataciones por más de $558 millones realizadas con otra empresa, debido a la presentación de documentación inválida o adulterada para acreditar experiencia en licitaciones.
Además, se constató que algunos contratos fueron adjudicados a una firma que no contaba con un giro comercial vigente relacionado con los servicios contratados.
Junto con ello, la Contraloría identificó un eventual conflicto de interés vinculado a un funcionario del hospital que mantenía una relación personal directa con la representante legal de una de las empresas involucradas.
El informe también evidenció falencias en los mecanismos de control interno del establecimiento, entre ellas la falta de verificación de la autenticidad de documentos presentados por proveedores y deficiencias en la revisión y validación de pagos.
Debido a la gravedad de los antecedentes, la Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario y remitió el informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para los fines que correspondan.
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