La Fiscalía de Antofagasta volvió a apuntar al fundador de Procultura, Alberto Larraín, ahora por un delito distinto al que marcó las primeras imputaciones del caso.
Por ello, el Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el próximo 25 de mayo una nueva audiencia de formalización contra Larraín y la exrepresentante legal de la fundación, María Constanza Gómez.
En la instancia, el Ministerio Público les imputará el delito de apropiación indebida, en una arista distinta a las causas iniciales por fraude al fisco, por los convenios de la ONG con el GORE de Antofagasta y el Minvu.
Ambos ya habían sido formalizados previamente en esta causa, ocasión en la que el tribunal rechazó decretar la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.
Ahora, el ente persecutor busca reimpulsar la investigación con nuevos antecedentes, para esclarecer el destino de los fondos transferidos a la fundación en el marco del Caso Convenios.
En esa línea, uno de los querellantes en la causa, el exintendente de Antofagasta, Pablo Toloza, señaló que “no solo se formalice a Alberto Larraín por este delito en la arista de Antofagasta, sino que también se extiendan las formalizaciones a las otras regiones donde también se está investigando el delito”.
La defensa
Desde la defensa, en tanto, cuestionaron esta nueva ofensiva del Ministerio Público.
El abogado de Alberto Larraín, Cristian Arias, aseguró que se trata de hechos similares a los ya revisados por la justicia en otras causas.
El defensor además apuntó a que la caída de los convenios se produjo tras el caso Democracia Viva, lo que generó un efecto dominó que impidió su correcta ejecución, descartando la existencia de delitos.
“Lo que va a pretender el Ministerio Público es bastante similar a lo mismo que ya trató de obtener en Santiago por el GORE Metropolitano, con resultados que todos vimos que fueron contundentes en contra del Ministerio Público, fueron desastrosos”, sostuvo.
Pese a esto, desde la parte querellante esperan que esta nueva formalización permita avanzar en la determinación de eventuales responsabilidades penales.
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