Boric: ¿Último engaño "centroizquierdista"? (II)

Las apologías del liderazgo de la Concertación a la obra económica de la dictadura, y a Pinochet mismo, se complementaron con un conjunto de medidas a favor del exdictador. De partida, cada vez que Pinochet viajaba al exterior como comandante en jefe del Ejército (¡inamovible hasta marzo de 1998!) y recibía duras críticas de la prensa, políticos u ONG de derechos humanos extranjeras, contó con la pública defensa de las altas autoridades de gobierno.

Luego, cuando estaba a punto de terminar su período de comandante y se aprontaba ¡a asumir como senador vitalicio! (de acuerdo a la Constitución), hubo diez diputados de la Concertación que lo acusaron constitucionalmente por un conjunto de abusos de poder que cometió a partir de 1990.

Frente a ello, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se empleó a fondo en su defensa. A tal punto, que pese a que dicha acusación sería rechazada de todos modos por la mayoría derechista del Senado, el gobierno presionó “con todo” a sus diputados para que fuese rechazada desde ya en dicha cámara. Llegó al extremo de sancionar a dos consejeros de la Comisión Política del PDC (Jacqueline Saintard y Héctor Ballesteros) con la pérdida de sus empleos (en el Gobierno y en el Partido respectivamente), dado que votaron simplemente a favor de ¡permitirles libertad de acción -de acuerdo a su conciencia- a los diputados DC en dicha votación!

Luego, en agosto de 1998, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC) y ¡el senador Pinochet! (sentado a su lado en la testera…) le presentaron al Senado un proyecto de ley para sustituir el feriado del 11 de septiembre, todavía vigente, por el “Día de la Unidad Nacional” a celebrarse el primer lunes de septiembre de cada año.

Dicho proyecto fue aprobado por unanimidad, “consagrando” a Pinochet como una figura plenamente respetada por la Concertación…Posteriormente en noviembre (cuando aquél se encontraba ya preso en Londres) se votó por gran mayoría dicho proyecto en la Cámara de Diputados, convirtiéndose en ley. Dicho feriado se celebró desde 1999 a 2001; y en marzo de 2002 fue silenciosamente derogado…

Como es conocido, una vez que Pinochet fue detenido en Londres contó con el total apoyo del gobierno y del liderazgo de la Concertación para que fuese liberado y pudiese volver a Chile. En dichas gestiones, sobresalieron las gestiones de los cancilleres José Miguel Insulza (hasta junio de 1999, en que pasó a ser ministro secretario general de la Presidencia) y Juan Gabriel Valdés, ambos del PS.

Notablemente, Insulza, con ocasión del juicio iniciado en España contra Pinochet en 1996 y para disuadir la presentación de querellas en Chile, había declarado en diciembre de 1997: “La pregunta es si no sería más razonable, desde el punto de vista estrictamente jurídico, presentar esas querellas en Chile. Y aquí vamos a la cosa política. ¿Por qué no se presentan esas querellas en Chile? Porque todo el mundo sabe que eso pondría en grave riesgo el proceso de transición” (La Época; 21-11-1997).

Posteriormente, cuando el gobierno de Frei hacía frenéticas gestiones para impedir un juicio a Pinochet en Europa, Insulza le declaró a un diario español: “En España, tras la sentencia de los Lores, Pinochet sólo puede ser juzgado por torturas o conspiración para torturar por hechos cometidos después de 1988. En Chile no existe ninguna amnistía que impida juzgar los actos que haya cometido. Las posibilidades de juzgarle aquí (en Chile) son mucho más amplias que en España. El juicio en su país (España) puede que les interese más a los que sólo quieren un juicio simbólico” (El Mercurio; 28-3-1999)…

Y en un libro publicado en 2025 (Calle Londres 38. Dos casos de impunidad: Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia, de Philippe Sands; Edit. Anagrama, Barcelona), José Miguel Insulza y el exasesor de Frei, Cristián Toloza, le reconocieron a su autor lo que todos presumían: Que la liberación de Pinochet en Londres (y su vuelta a Chile) por razones de salud fue producto de una prefabricación entre el gobierno británico de Tony Blair y el gobierno de Frei Ruiz-Tagle (pp. 397-405).

Y finalmente, bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), también tuvo un papel clave Insulza, como ministro del Interior, en las presiones públicas ejercidas sobre el juez Juan Guzmán y –como estas no resultaron- sobre la Corte Suprema para lograr finalmente la impunidad de Pinochet (Ver La Nación, 10-8-2000; Caras, 18-8-2000; Qué Pasa, 2-9-2000; y La Nación, 16-4-2001).

Por otro lado, varios ministros y exministros de los gobiernos de la Concertación comenzaron a pronunciarse a fines de los 90 a favor de la profundización del modelo neoliberal heredado de la dictadura y particularmente del aumento del proceso de privatizaciones.

Así, el exministro secretario general de Gobierno de Frei Ruiz-Tagle, José Joaquín Brunner (PPD), expresó que “hace rato que el Estado se volvió superfluo en el campo de la producción directa de bienes y servicios. La resistencia a privatizar sanitarias, puertos y empresas como Enami o ENAP, o incluso a revisar el estatuto empresarial de Codelco, son resabios del pasado y forman parte de un desfalleciente imaginario fiscal. Pero hay que aceptar, además, que la producción de bienes públicos esenciales como la educación y la salud admitan también esquemas de organización más variados –privados y comunales- que aquellos hasta aquí ensayados” (La Tercera; 16-8-1998).

En el mismo sentido, el exministro secretario general de Gobierno de Aylwin, Enrique Correa (PS), postuló en 1999 “el fin de los tres grandes mitos con apariencias de dogmas intocables: que nuestra independencia (nacional) depende de la propiedad estatal de Codelco; que la mayor equidad social depende solamente del mayor gasto público y, por ende, de mayores impuestos; y que podemos transformarnos en un país moderno sin profundizar y abrir nuestro mercado de capitales. Ha llegado el momento de discutir fórmulas que transformen muy profundamente a Codelco, combinando el interés fiscal con formas de participación privada en su propiedad cada vez mayores” (El Mercurio; 2-3-1999).

Asimismo, el ministro de Hacienda de Lagos, Nicolás Eyzaguirre (PPD), señaló en 2000 que “en el mediano plazo la tendencia es que el Estado debería deshacerse de la mayoría de las empresas públicas. La única excepción es Codelco, que debiera seguir en manos del Estado” (Qué Pasa; 2-9-2000).

Y en la línea de la profundización del modelo neoliberal se manifestó también el designado ministro de Hacienda de Bachelet. Andrés Velasco (Independiente): “El modelo (económico) ha funcionado muy bien, permitiendo crecimientos sostenidos y bajas en la pobreza. Es un modelo que concita el gran apoyo de la ciudadanía y por eso la Concertación ha sido reelecta. El compromiso es profundizar estas políticas” (La Segunda; 31-1-2006).

Por cierto, estos propósitos se han concretado en el Chile post-dictadura hasta el día de hoy. Así, se proyectó en el tiempo el modelo económico dictatorial que se basó en la apropiación corrupta del grueso de la riqueza nacional por grandes grupos económicos. Lo que la Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Monckeberg, describió muy bien en su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile.

Ello se hizo básicamente, a través de las privatizaciones –a muy bajos precios, e incluso en ocasiones, ¡a los mismos que dirigían la venta desde el Estado!- de decenas de grandes empresas estatales y de servicios públicos; y de la virtual apropiación del conjunto de los fondos previsionales de los trabajadores a través las tristemente célebres AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones).

Todo ello complementado con las Isapres (Institutos de Salud Previsional) que “venden” atenciones de salud a sus cotizantes, constituidos por las personas de clase alta y media capaces de pagar; mientras la mayoría de la población debe contentarse con una atención de salud gratuita pero de baja calidad; y con la creación de una red de escuelas privadas subvencionadas y de universidades privadas con fines de lucro, mientras la mayoría accede a escuelas públicas con poco presupuesto y, por tanto, mala calidad.

Asimismo, ha persistido un modelo que redujo significativamente los históricos derechos laborales y dejó en la irrelevancia a los sindicatos, las juntas de vecinos y el movimiento cooperativo que se habían desarrollado ampliamente en la democracia chilena hasta 1973. Que, además, generó un sistema tributario con altos impuestos indirectos regresivos, y con fórmulas para que los más ricos puedan eludir “legalmente” sus impuestos (“elusión”). Y que estableció una serie de subsidios a empresas inmobiliarias y forestales; y sistemas tributarios muy favorables para grandes empresas privadas del cobre; ya que si bien la dictadura creó una legislación inconstitucional que usó resquicios para terminar con la nacionalización del cobre (nuestra principal riqueza nacional), la inversión extranjera sólo llegó en “democracia”, alcanzando a la fecha a privatizarse más del 70% de la gran minería del cobre…

Por otro lado, el modelo heredado de la dictadura ha buscado –y conseguido- insertarse como país de manera solitaria y subordinada a la globalización neoliberal en boga, estableciendo una gran red de tratados bilaterales de libre comercio, desechando a la vez toda búsqueda de integración económica latinoamericana o sudamericana (rechazó, a comienzos de los 90, el llamado a integrarse en el Mercosur); toda búsqueda, también, de una lucha común con los países del Sur para lograr mayor justicia en las relaciones económicas internacionales; y todo intento de revitalización del CIPEC (Comité Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre) creado por iniciativa de Chile en 1967 y disuelto en 1988.

Por cierto, con ello nuestro país ha abandonado todo proyecto de industrialización y se ha resignado simplemente a ser lo más eficiente posible en el ámbito de la exportación de materias primas o productos con muy escaso grado de elaboración. Esto, además de haber destinado un bajísimo porcentaje de nuestro producto nacional al desarrollo de la ciencia y tecnología. Por cierto, los gobiernos de “centro-izquierda” se preocuparon también de generar un conjunto de leyes y medidas destinadas a paliar la desmedrada situación de los más pobres.

La continuación del modelo neoliberal en la post-dictadura, se vio también muy favorecida por una gran ola de inversión extranjera que llegó en la década de los 90, incentivada por los muy “generosos” términos establecidos por la dictadura y continuados por la Concertación; por el apoyo político que Estados Unidos y los países europeos le dieron al proceso de “transición”; y por la confianza que se mantuvo en los sectores populares gracias al “chorreo” provocado con las altas tasas de crecimiento, unido a algunas medidas en directo beneficio de dichos sectores y a la confianza plena que durante un tiempo le siguió suscitando el liderazgo concertacionista. Sin embargo, ya a fines de los 90 comenzó una creciente frustración en los sectores populares expresada en un gran incremento de la abstención electoral, entre otras manifestaciones.

Por otro lado, el liderazgo de la Concertación rechazó las propuestas que surgieron en su interior de efectuar pactos parlamentarios con la izquierda extra-Concertación (el PC y otros grupos menores), los que proyectando los resultados obtenidos en 1993 y 1997, ¡le habrían permitido obtener a ella sola mayoría parlamentaria desde marzo de 1998, pese a la continuación de los senadores designados! Como hemos visto aquello no constituía para nada un objetivo del conglomerado. ¡Todo lo contrario; ya que con ello el vuelco de su liderazgo habría quedado desnudo!

Luego, a fines de los 90, se generaron expectativas de cambios reales con la candidatura y la presidencia del socialista Ricardo Lagos (2000-2006). Sin embargo, su gobierno profundizó las privatizaciones de empresas y servicios públicos, dejando –como veremos- muy contentos a los grandes empresarios y a la derecha.

E incluso pretendió que estaba generando una nueva Constitución (La “Constitución de 2005” llegó a llamársela; y ¡donde él y sus ministros reemplazaron las firmas de Pinochet y los demás comandantes en jefe que la habían suscrito!) luego de que el Congreso aprobó un conjunto relevante de reformas constitucionales, pero que no alteraron la esencia autoritaria y neoliberal de la Constitución de 1980, ni la autonomía operativa de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Así, en el acto “inaugural” Lagos señaló en su discurso: “Este es un día muy grande para Chile, tenemos razones para celebrar, tenemos hoy, por fin, una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile” (Siete; 18-9-2005). Sin embargo, el engaño no prosperó ya que ni siquiera pudo socializarse la idea de que era una nueva Constitución. Además, por cierto, que Lagos tampoco promovió leyes destinadas a terminar con el modelo neoliberal, aprovechando la mayoría parlamentaria que obtuvo entre agosto de 2000 y marzo de 2002, producto de los desafueros combinados de los senadores Pinochet y Francisco Javier Errázuriz.

Notablemente, la historiadora Sofía Correa –especialista en el tema- concluyó en 2004 que “la derecha (chilena) está en una etapa clave. Logró construir la institucionalidad que administra la Concertación. Es el mayor logro. En el siglo XX, la derecha nunca había sido tan exitosa” (El Mercurio; 12-4-2004).

Esta es la segunda parte de una serie de columnas titulada: Boric: ¿Último engaño “centroizquierdista”?