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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La investigación por presunto fraude al fisco en Antofagasta avanza con la solicitud de informes actualizados al Ministerio Público tras el oficio emitido por el Juzgado de Garantía en agosto pasado. La causa apunta al exintendente Edgar Blanco y a la gestión del Gobierno Regional, en relación a la irregular compra de cajas de alimentos durante la pandemia de Covid-19, en el marco del programa "Alimentos para Chile" del gobierno de Sebastián Piñera. Se autorizó la contratación directa de más de 100 mil canastas por un total de $4.121.915.488 a cuatro proveedores, generando controversia por irregularidades detectadas por la Contraloría. Una de las empresas contratadas está en prisión por estafa y otras enfrentan demandas y quiebras. La Fiscalía continúa con la investigación, con la Brigada de Delitos Económicos de la PDI incautando documentos y archivos digitales en la Delegación Presidencial Regional, incluyendo el teléfono celular de Blanco.

Luego que el pasado 12 de agosto el Juzgado de Garantía de Antofagasta emitiera un oficio sobre el presunto fraude al fisco, que involucró la compra irregular de cajas de alimentos durante la pandemia de Covid-19, se solicitó un informe actualizado al Ministerio Público.

Dicha causa, apunta al exintendente de la región de Antofagasta, Edgar Blanco, junto a la gestión del Gobierno Regional de aquel entonces.

Fue en junio de 2020 cuando el gobierno del expresidente Sebastián Piñera lanzó el programa “Alimentos para Chile”, periodo en el que Blanco habría autorizado la contratación directa de más de 100 mil canastas.

Lo anterior, con un total que supera los cuatro mil millones de pesos (exactamente $4.121.915.488), repartidos en cuatro proveedores.

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En ese contexto, la Contraloría detectó irregularidades en estos contratos, pues no cumplían con los requerimientos para ser proveedores. Sin embargo, los contratos fueron modificados poco antes de solicitar las cotizaciones.

Recordemos que, según consignó El Diario de Antofagasta, el propietario de una de las cuatro empresas irregularmente contratadas se encuentra en prisión preventiva por delito de estafa. Otras dos fueron demandadas y quebradas.

Finalmente, luego que la Fiscalía confirmara la continuidad de la investigación y emitiera una nueva orden a través del fiscal Cristián Aguilar, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI concurrió el pasado miércoles a la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta.

En el lugar se incautaron documentos y archivos digitales que demuestran adquisiciones mayores a los $4 mil millones, junto a ello, se incautó también el teléfono celular del exintendente Edgar Blanco.