La ausencia de garantías para las familias afectadas por desalojos de campamentos y la falta de mecanismos para verificar su cumplimiento son algunas de las principales deficiencias que identifica un estudio de la Universidad Diego Portales (UDP), que también cuestiona los efectos de la Ley de Usurpaciones sobre estos procedimientos.
La investigación, a la que tuvo acceso BioBioChile, forma parte del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2026 y advierte que, pese a los avances de la Corte Suprema para establecer condiciones mínimas durante los desalojos, la respuesta del Estado continúa siendo insuficiente frente a los estándares internacionales sobre el derecho a una vivienda adecuada.
El capítulo, elaborado por la abogada Tatiana Torres Montenegro, examinó 22 sentencias de la Corte Suprema y cortes de apelaciones entre enero de 2022 y julio de 2026, además de la legislación vigente y su aplicación judicial.
Entre sus conclusiones, sostiene que Chile carece de una normativa que prohíba expresamente los desalojos forzosos, en los términos definidos por el derecho internacional, y que establezca garantías para las personas afectadas antes, durante y después de estos procedimientos.
El problema adquiere especial relevancia considerando que, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de Techo-Chile, 447 de los 1.428 campamentos registrados en el país se encontraban bajo amenaza de desalojo. De ellos, un 55,2% declaraba contar con una notificación formal.
Ley de Usurpaciones y las diferencias entre las vías de desalojo
Uno de los principales hallazgos de la investigación apunta a las diferencias entre los procedimientos judiciales utilizados para resolver conflictos entre propietarios de terrenos y familias que los ocupan irregularmente.
El estudio reconoce que la Corte Suprema ha avanzado en establecer determinadas condiciones para ejecutar desalojos. Sin embargo, advierte que estas garantías se concentran en el momento de la ejecución, sin abordar suficientemente las etapas anteriores y posteriores ni contemplar mecanismos que permitan comprobar su cumplimiento.
La situación se vuelve más compleja con la Ley 21.633, conocida como Ley de Usurpaciones, que incorporó el artículo 157 ter al Código Procesal Penal. Esta disposición permite solicitar judicialmente el desalojo de un inmueble ocupado en cualquier etapa de la investigación, incluso antes de la formalización.
Al respecto, Marcela Zúñiga, editora general del Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP, explicó que la recuperación de terrenos ocupados ilegalmente constituye un objetivo legítimo, pero advirtió que ello no exime al Estado de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.
“Que el Estado recupere terrenos ocupados ilegalmente es un fin legítimo, y el Informe no lo discute. Lo que examina es el medio”, sostuvo.
La académica explicó que actualmente conviven dos vías para realizar desalojos, con distintos niveles de protección para las personas afectadas.
“Hoy conviven dos vías para desalojar, y la más reciente es la que exige menos garantías. Por lo general, las personas desalojadas no son individualizadas ni notificadas, no tienen abogado y no son escuchadas”, afirmó.
Zúñiga agregó que tampoco existe un registro oficial que permita determinar cuántos desalojos se han realizado o si las familias afectadas recibieron alternativas habitacionales y medidas de protección.
Las garantías que exige el derecho internacional
La investigación sostiene que la falta de regulación deja aspectos relevantes de los desalojos sujetos a decisiones judiciales particulares, sin un sistema general que permita supervisar el cumplimiento de las medidas destinadas a proteger a las familias.
Entre las principales dificultades identificadas figuran los procedimientos de notificación, la posibilidad de que las personas afectadas sean escuchadas antes de una resolución y las condiciones habitacionales en que quedan después de abandonar los terrenos.
En ese contexto, Zúñiga planteó que el cumplimiento de los derechos humanos debe considerarse al momento de diseñar y ejecutar cualquier política pública, incluyendo aquellas destinadas a recuperar inmuebles ocupados.
“Hay que preguntarse si el medio es necesario y proporcional, si respeta el debido proceso y si deja a alguien sin un lugar donde vivir. Un objetivo válido no vuelve aceptable cualquier forma de alcanzarlo”, señaló.
La editora del informe también destacó que la Corte Suprema ha incorporado exigencias derivadas del derecho internacional para condicionar la ejecución de desalojos, aunque precisó que todavía existen limitaciones.
“El capítulo también señala los límites de ese fallo: solo abarca la ejecución del desalojo y no establece cómo verificar su cumplimiento”, explicó.
Las recomendaciones del informe UDP
A partir de sus conclusiones, el estudio propone establecer una legislación que regule expresamente las garantías exigibles en los desalojos, revisar aspectos de la Ley de Usurpaciones y crear un registro oficial que permita conocer cómo fueron ordenados y ejecutados estos procedimientos.
También plantea distinguir entre las ocupaciones originadas en necesidades habitacionales y aquellas vinculadas con fines de lucro o actividades criminales, además de reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes, mujeres y otros grupos especialmente vulnerables.
En esa línea, Zúñiga resumió tres de las principales propuestas del capítulo: una ley que establezca garantías y condiciones adecuadas de reasentamiento, la revisión de la Ley 21.633 y la creación de un registro oficial de desalojos.
“Nadie discute que el Estado pueda recuperar un terreno. La pregunta que hacen los derechos humanos es cómo lo hace: con qué garantías, con qué control y adónde van las familias desalojadas”, concluyó.