La frase del vocero de Gobierno, según la cual quien debe pedir permiso «es el buque», es lo de menos. Lo que el caso Danstar deja a la vista no es el error de un gobierno, sino un problema estructural: medio siglo de política exterior sin geopolítica y de política austral basada en un excesivo legalismo. La respuesta ya no cabe en una nota diplomática. Debe ser una causa nacional, dadas las consecuencias que este caso tiene para el futuro de Chile en la zona austral. Y parte por no temerle al Tratado de Paz y Amistad ni a su sistema de solución de controversias.

El Danstar llegó a Punta Arenas el lunes 16 de noviembre. Si se cumple el itinerario, el 17 de diciembre zarpará hacia las islas Falkland/Malvinas con alimentos y materiales de construcción, y reabrirá una ruta comercial interrumpida desde 2011. Para hacerlo cruzará el Estrecho de Magallanes, saldrá por su límite oriental, entre Punta Dungeness y el cabo Espíritu Santo, y entrará en aguas jurisdiccionales argentinas.

Allí lo espera el Decreto 256/2010, que exige autorización previa a todo buque que atraviese esas aguas con destino a las islas. El canciller argentino, Pablo Quirno, ya anunció que el Danstar deberá pedirla. Lo que está en juego no es un cargamento de fruta y materiales de construcción. Es si un decreto administrativo de Buenos Aires puede convertir en permiso lo que un tratado de límites consagró como derecho. Para dirimirlo, llegado el caso, cabe aplicar sin miedo ni complejos los mecanismos que el propio Tratado de Paz y Amistad contempla.

Una frase que conviene despejar

El canciller Francisco Pérez Mackenna respondió bien: los países no piden permiso y la libre navegación está garantizada por los tratados. Esa es la posición oficial de Chile, y es la correcta. Ese mismo lunes, sin embargo, el vocero Gonzalo Arenas agregó desde La Moneda una distinción desafortunada. El Estado de Chile no tiene que pedir permiso, dijo, «el que tiene que pedir permiso es el buque».

La frase admite una lectura benigna: que aludía al permiso para atracar en Port Stanley, que nadie discute. Pero admite también otra, y es la que escuchó Buenos Aires, porque coincide con la fórmula de Quirno: los países no piden autorización, pero la legislación argentina se la exige a los buques. El Decreto 256/2010 nunca se dirigió a los Estados; se dirige a las naves. Y el gobierno argentino ha dicho que espera, precisamente, que sea la naviera la que presente la solicitud. Por eso conviene despejar la ambigüedad cuanto antes.

El Tratado de Paz y Amistad no deja espacio para ella. Su artículo 10 obliga a Argentina a mantener, «en cualquier tiempo y circunstancias», el derecho de los buques «de todas las banderas» a navegar «en forma expedita y sin obstáculos» por sus aguas jurisdiccionales, hacia y desde el Estrecho. El beneficiario de la garantía es justamente el buque: el chileno, el privado y el de cualquier pabellón. El Danstar, además, navega bajo bandera chilena, y sobre las naves de su pabellón el Estado ejerce jurisdicción y control. No es, por tanto, un asunto solo entre privados.

No se trata de castigar un desliz. Se trata de recordar que, en derecho internacional, las palabras de un gobierno pesan. La práctica ulterior de las partes sirve para interpretar los tratados, y lo dicho queda disponible para que la contraparte lo cite después.

Siete excomandantes en jefe de la Armada lo advirtieron por escrito: aceptar el permiso es instalar una aduana argentina en el límite oriental del Estrecho. El artículo 27 de la Convención de Viena lo zanja: ningún Estado puede invocar su derecho interno para incumplir un tratado. Un permiso no es un derecho, escribí en estas mismas páginas hace unas semanas. Y un derecho que se relativiza empieza a dejar de serlo.

Un problema estructural, no de un gobierno

Sería cómodo culpar a un vocero, o a este gobierno. Sería también injusto. El Decreto 256 rige desde febrero de 2010 y ha sobrevivido a gobiernos chilenos de todos los signos, sin que ninguno consiguiera, ni exigiera con la firmeza debida, su derogación. La administración actual heredó el problema; no lo creó. La responsabilidad es de todos.

Lo que el Danstar deja a la vista es estructural. Desde hace medio siglo la política exterior chilena confía en que el derecho, por sí solo, la defenderá. En 1977 Chile ganó el arbitraje del Beagle; en enero de 1978 Argentina declaró el laudo «insanablemente nulo», y la paz hubo que negociarla de nuevo, al borde de la guerra, hasta 1984. En 1994 un tribunal arbitral entregó Laguna del Desierto a Argentina. En 1998 se firmó el desastroso acuerdo sobre el Campo de Hielo Patagónico Sur.

Ese acuerdo es, por lejos, lo más grave. Reabrió un límite que los peritos habían fijado en 1898. Como sostuvimos con el glaciólogo Cedomir Marangunic en 2025, abre la puerta a perder cerca de 1.800 km² y deja el límite a unos ocho kilómetros del seno Andrew, es decir, del Pacífico. Un país casi cortado en dos, con Magallanes reducido a un cuasienclave. A casi 28 años de su firma, la supuesta demarcación pendiente entre el monte Fitz Roy y el cerro Murallón sigue sin novedad para Chile, mientras la cartografía oficial argentina da el asunto por resuelto a su favor.

El inventario de problemas sigue. Al sureste del cabo de Hornos, más allá del Punto F en que termina el límite que el Tratado de 1984 fijó en el «Mar de la Zona Austral», la ley argentina 27.557 de 2020 y el decreto chileno 95 de 2021 se superponen en unos 5.300 km² de plataforma continental. En Lago Verde, en marzo de 2018, el alcalde denunció por oficio al Ministerio del Interior que gendarmes argentinos dijeron a un poblador de más de 80 años que el campo de su familia ya no era chileno. En el río Vizcachas, en 2023, la propia Difrol constató que el río se secó en Magallanes por la intervención de su cauce en territorio argentino, y la Cancillería prefirió pedir antecedentes antes que protestar. En Los Pelambres, frente al proyecto El Pachón, la cartografía oficial chilena amparó un botadero que resultó estar en suelo argentino y que hubo que retirar.

El Futaleufú merece párrafo aparte. Es un río internacional: nace en Argentina, cruza a Chile y llega al Pacífico por el Yelcho. Desde 1978 su caudal depende de las descargas de una represa argentina, cuya concesión, vencida en 2025, Buenos Aires acaba de prorrogar hasta abril de 2027 por el Decreto 1349/2026, que ordena además licitarla de nuevo. El decreto no menciona a Chile ni tratado alguno, y no consta ningún documento público que acredite, en su manejo actual o en esta licitación, la participación o la consulta de nuestro país que prevén los tratados vigentes, ni acuerdo específico que regule ese manejo. Es una irregularidad: el Acta de Santiago de 1971 obliga a informar previamente las obras y su programa de operación, y el Protocolo sobre Recursos Hídricos Compartidos de 1991, que aceptó los aprovechamientos existentes, dispuso que las acciones en cada cuenca se ejecutaran de forma coordinada o conjunta, mediante planes generales de utilización. Treinta y cinco años después, para esta importante cuenca -que es de vertiente pacífica y aun así está en parte en Argentina- no conocemos ninguno, al menos públicamente.

Son casos distintos y de gravedad distinta, pero tienen un denominador común: Chile reacciona tarde, en voz baja y caso a caso. Nunca con una estrategia. Eso no lo explica ningún gobierno en particular. Lo explica una manera de entender la política exterior que se ha mantenido, casi sin variaciones, por medio siglo.

El escudo del legalismo que ya no alcanza

Durante décadas ese legalismo fue, al menos, un escudo. Ya no lo es. La invasión rusa de Ucrania va por su quinto año. Desde febrero, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene al estrecho de Ormuz minado y bajo bloqueo; a mediados de noviembre ardían allí petroleros. Nadie le pidió permiso a un tribunal o a un organismo internacional.

René Peri tituló en 1994 su libro sobre Laguna del Desierto y Campo de Hielo con una pregunta: «¿La geografía derrotada?». Casi dos décadas después, el famoso autor Robert Kaplan le puso título a la respuesta: «La venganza de la geografía». Los mapas, sostiene, condicionan el destino de las naciones. Chile lleva cincuenta años creyendo que su geografía se defiende con escritos y desde un escritorio en el centro de Santiago, ocupado indistintamente por distintos funcionarios/as.

Creemos, sin embargo, que el derecho sigue importando, pero como instrumento de una estrategia, no como su sustituto. Y un instrumento está para usarse: no le tengamos miedo a la institucionalidad y dejemos que funcione. Argentina lo entendió. Legisló su plataforma continental, aplica su decreto y litiga contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que el 28 de noviembre resolverá su solicitud de medidas provisionales por el petróleo de las islas. Tiene una estrategia para el Atlántico Sur. Lamentablemente Chile, desde hace décadas, no tiene una para su sur austral.

John Lewis Gaddis define la gran estrategia como el ajuste entre aspiraciones que pueden ser ilimitadas y capacidades que siempre son limitadas. Chile vive al revés: tiene capacidades reales -un estrecho, una región, una puerta a la Antártica- y ninguna aspiración declarada.

Magallanes como causa nacional

Por eso la grave crisis del Danstar debe ser el comienzo de una causa nacional que ponga en valor estratégico el extremo austral de Chile, por encima de los gobiernos, sus ideologías y sus ciclos. Al gobierno actual no le corresponde cargar con la cuenta de medio siglo, pero sí le toca la oportunidad de iniciar el cambio. Son tres tareas.

La primera es jurídica e inmediata. Antes del 17 de diciembre, Chile debe notificar formalmente a Argentina que el Decreto 256/2010 le es inoponible, exigir su derogación y, si no hay respuesta, activar el sistema de conciliación y arbitraje del propio Tratado de 1984. Y debe hacerlo como política de Estado, con respaldo transversal. Eso es dejar que «las instituciones funcionen», como decía un expresidente.

La segunda es geopolítica. Chile debe maximizar su poder regional y sus alianzas con pragmatismo, sin ideología ni complejos. Cada estrecho que se cierra en el mundo aumenta el valor de los que siguen abiertos. A casi todos los Estados que comercian por mar les conviene que el paso austral no dependa del permiso de nadie. Esa coincidencia de intereses hay que convertirla en respaldo.

La tercera es interna, y es una difícil: que Santiago mire a Magallanes como lo que es. La senda Vicuña-Yendegaia, que debe unir Tierra del Fuego con el canal Beagle y acercar Puerto Williams, se inició en 1994. Faltan, según el MOP, 28 de sus 140 kilómetros y el compromiso oficial es terminarla en diciembre de 2029: 35 años, cuatro kilómetros por año. La Ruta 8, que uniría Aysén y Magallanes por territorio chileno, sigue en estudios y sin fecha. La provincia chilena de Tierra del Fuego tiene menos de nueve mil habitantes; la argentina, más de 185 mil.

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Ahí debe nacer un polo geopolítico. En un mundo que se desordena, el extremo austral deja de ser periferia. Es refugio, es paso entre océanos y es la puerta de Chile a la Antártica, un continente cuyo peso no hará más que crecer. Poblar Tierra del Fuego, terminar los caminos y fortalecer Puerto Williams no son gastos regionales. Son política exterior.

Lo económico importa, pero no puede ser el único criterio de un país. El escenario cambió y la conducta debe cambiar con él, partiendo por reconocer los errores del pasado y corregirlos. Magallanes no es un asunto de los magallánicos. Es parte de la vida y del futuro de cada chileno, un legado que hay que proteger no solo en lo ecológico, sino también en lo geopolítico. Si se pierde, se pierde un peso internacional que ninguna generación futura podrá recuperar. El buque no tiene que pedir permiso. Es Chile el que tiene que pedirse cuentas.