La reciente firma del MoU (Memorándum de entendimiento) entre el Gobierno de Chile y la empresa OpenAI ha sido presentada como un salto hacia la modernización estatal y la adopción responsable de la Inteligencia Artificial (IA). Sin embargo, detrás del brillo mediático, el acuerdo deja al descubierto una preocupante fragilidad institucional y revive un mal endémico de nuestra política pública: el deslumbramiento acrítico por lo extranjero en desmedro de nuestra soberanía, nuestro marco regulatorio y el talento científico-tecnológico que el propio país ha financiado.
Resulta paradójico que el Estado de Chile abra las puertas de su aparato público a una corporación privada internacional justo en el momento en que nuestras regulaciones o reglas “jurídicas” se encuentran postergadas (ley de protección de datos) o inconclusas (proyecto de ley de IA). El convenio se sella tras haberse postergado la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales y mientras el proyecto de Ley de IA aún se discute en el Congreso, frenado incluso por reparos jurídicos y tensiones internas.
Entregar espacios de capacitación, diseño de casos de uso y eventual infraestructura administrativa sin que existan reglas claras sobre el resguardo de los datos ciudadanos ni garantías efectivas de licitación abierta es análogo a invitar a un actor externo a operar en terreno fértil, pero sin protecciones legales ni contrapesos institucionales.
Pero, existe algo más preocupante. El historial de la OpenAI no muestra una entidad filantrópica, una agencia de cooperación internacional ni un organismo multilateral neutro. Esta es una empresa comercial con fines de lucro que enfrenta múltiples y severas demandas en Estados Unidos y Europa por presuntas infracciones masivas a los derechos de autor, extracción no consentida de datos personales y opacidad en los datos de entrenamiento de sus modelos de IA.
Además, el propio convenio deja abierta la puerta para que los organismos estatales deban desembolsar recursos públicos para escalar o desarrollar proyectos específicos, posterior a una prueba “gratuita”. Esta es quizás parte de la conocida estrategia de dependencia tecnológica: facilitar el acceso inicial sin costo para luego volver indispensable una infraestructura propietaria cuyo control, algoritmos y servidores residen completamente fuera de nuestras fronteras. Y esto es una práctica que han aplicado muchas empresas internacionales que han realizado “negocios”.
Sin embargo, el problema no se resuelve firmando convenios con “otras empresas” internacionales, sino abordando un problema estratégico, y de dependencia tecnológica que es mucho más de fondo y ha estado arraigado en nuestra sociedad por años.
De una necesidad histórica a un complejo anacrónico
El problema raíz no es el acuerdo reciente, este es más bien la “punta del iceberg” de un problema serio socio-cultural que ha tenido Chile por años. Hace décadas, en épocas sociopolíticas profundamente sensibles (ej. transiciones institucionales post dictadura, períodos de aislamiento internacional, etapas iniciales de reconstrucción económica), mirar hacia afuera para atraer capitales, equipos técnicos y conocimiento resultaba no solo entendible, sino muchas veces indispensable ante la carencia de capacidades instaladas. En aquel Chile, importar soluciones, productos o insumos (y no solo en tecnología), y abrirse de par en par a la transferencia externa cumplía una función clave de supervivencia y despegue.
Sin embargo, el país de hoy es bien diferente de aquella realidad, y lo que alguna vez fue una necesidad coyuntural se ha convertido en un complejo sistémico e injustificado: la convicción arraigada en las elites políticas y empresariales de que “lo de afuera siempre es mejor”. Sostener esa misma actitud en pleno siglo XXI constituye un anacronismo costoso y peligroso estratégica y geopolíticamente.
Chile ya alcanzó un grado de madurez institucional, infraestructura digital y densidad académica que le permite aspirar a mayores cuotas de independencia tecnológica. No se trata de caer en el aislamiento “mirándose el ombligo” ni de rechazar la cooperación global, sino de dejar de actuar como un país tutelado que entrega sus datos, sus casos de uso públicos y su legitimidad estatal a cambio de licencias temporales y capacitación.
Es importante notar que esto es un modus operandi que ya había acontecido con otras materias estratégicas como la explotación mineral en el norte del país, que como consecuencia obligó a imponer un royalty del cobre.
La paradoja del capital humano avanzado financiado por el Estado
Esta desconfianza hacia lo local resulta doblemente preocupante cuando se observa la enorme inversión que Chile ha realizado en capital humano avanzado durante años. A través de programas estatales como BECAS Chile y fondos concursables, el país ha invertido cientos de millones de dólares a enviar a sus mejores profesionales a doctorarse y especializarse en las mejores universidades del mundo.
Sin embargo, cuando esos investigadores, ingenieros y científicos regresan al país listos para transferir lo adquirido, crear empresas de base científico-tecnológica y liderar soluciones complejas, se encuentran con un Estado que sistemáticamente les da la espalda. Usualmente, se ha preferido que ejecutivos de otros países opinen y asesoren sobre nuestra realidad, que expertos de Harvard den cátedra de la educación en Chile, y otras tantas “joyas”, siendo que el propio estado ha invertido en su propio recurso humano, que luego desestima.
Mientras a las startups, laboratorios universitarios y empresas tecnológicas nacionales se les exige atravesar por infinitos obstáculos burocráticos, bajos presupuestos y concursos super competitivos para demostrar su valor, a las multinacionales extranjeras se les recibe con alfombra roja, viajes oficiales y acuerdos directos al más alto nivel.
Esto no es un hecho puntual, sino el reflejo de una conducta latente y contradictoria en el tiempo. Para muestra, otro botón: a mediados de Marzo, la minera estatal CODELCO firmó un acuerdo con la empresa Microsoft para el desarrollo y aceleración de la IA y analítica avanzada en la minería. Esto es paradójico si se considera el gran número de proveedores tecnológicos nacionales que podrían proveer esos servicios y los recursos humanos calificados de lo que se dispone. A esto se suma la narrativa de “ciencia ficción” de que “se debe incentivar el desarrollo del ecosistema local de modo que impacte a la gran industria”.
Dicen que por la boca muere el pez.
El sistema chileno actual muestra que con incentivos adecuados y reglas de compra pública que valoren el desarrollo local, las capacidades instaladas en Chile podrían proveer perfectamente soluciones de IA, analítica avanzada y automatización para el sector público y productivo, sin necesidad de mirar constantemente hacia el exterior.
La verdadera transformación digital de un país maduro no se compra ni se firma en un memorándum en el extranjero; se construye fortaleciendo las instituciones reguladoras, protegiendo la soberanía de los datos públicos y confiando en la inteligencia que ya existe dentro de nuestras fronteras. Seguir apostando por el atajo de la dependencia externa no nos vuelve más modernos: simplemente perpetúa una subordinación anacrónica y extremadamente peligrosa en la economía del conocimiento, desperdiciando, una vez más, el talento que nosotros mismos formamos.
Cuando era aún estudiante de pregrado en la universidad en los años 80, dentro de los miles de anuncios publicados en paredes internas del comedor principal había una imagen que me resonó hasta el día de hoy. Esta era la foto de excremento y moscas sobrevolándolo, donde su leyenda decía lo siguiente: “Coma excremento, billones de moscas no pueden estar equivocadas”.
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