Me preocupa profundamente la débil y ambigua posición que ha mostrado el Gobierno chileno frente a la situación del buque Danstar. En política exterior, la prudencia es una virtud necesaria, pero la diplomacia jamás puede transformarse en una excusa para la debilidad ni en un manto para eludir responsabilidades elementales del Estado.
Aquí no estamos discutiendo solamente el itinerario administrativo de un barco. Lo que realmente está en juego es un principio fundamental de soberanía y autonomía económica: si Chile puede desarrollar libremente sus actividades comerciales y logísticas desde sus propios puertos, o si un país vecino puede terminar condicionando, en los hechos, el alcance de nuestro comercio marítimo.
Encuentro particularmente grave la contradicción jurídica y política con la que el Ejecutivo intenta sortear esta controversia, al señalar que el Estado chileno no necesita pedir permiso, pero dejando entrever que el buque privado sí podría necesitarlo.
¿Qué significa realmente esa distinción? ¿Que el Gobierno declara defender nuestros derechos en el papel, pero en la práctica deja a un armador y empresario chileno completamente solo frente a las exigencias y presiones de otro país? Un Estado que desampara a sus actores productivos en aguas estratégicas renuncia a su rol protector.
Chile ha respaldado históricamente, y con total lealtad diplomática, la posición argentina respecto de la soberanía sobre las islas Malvinas. Sin embargo, ese respaldo político jamás ha significado, ni puede significar, renunciar a nuestros propios derechos de navegación, desconocer los tratados vigentes o sacrificar el desarrollo comercial, portuario y logístico de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
Nadie en el sur de Chile busca conflictos artificiales con Argentina. Por el contrario, valoramos la integración y queremos mantener las mejores relaciones bilaterales posibles. Pero las buenas relaciones entre naciones vecinas se construyen desde la claridad, la reciprocidad y el respeto mutuo, nunca desde la vacilación ni desde las concesiones unilaterales que sientan precedentes peligrosos.
El Estrecho de Magallanes es chileno, y su proyección hacia el Atlántico Sur es vital para el futuro de nuestra región extrema. Nuestros derechos no se negocian, ni nuestro comercio puede quedar sometido a tutelas o presiones extranjeras.
Por eso, al Gobierno le pido menos ambigüedad y más firmeza. Porque defender los intereses de Chile no es exacerbar un conflicto: es simplemente cumplir con el mandato constitucional y el deber básico de gobernar.
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