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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La polémica por el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Fidel Espinoza y Ximena Órdenes, quienes acompañan a José Antonio Kast en Asia, podría llegar a la Fiscalía. Ambos afirmaron que la gestión del socialista Juan Luis Castro se hizo sin su consentimiento y Órdenes denunció que usaron su firma. El episodio habría buscado alterar el quórum en la votación del endeudamiento del Presupuesto 2027. La mesa del Senado evalúa remitir los antecedentes al Ministerio Público.

Lo que comenzó como una maniobra política en medio de la discusión del Presupuesto 2027 terminó convirtiéndose en una controversia que podría llegar al Ministerio Público. El retiro de los permisos constitucionales de dos senadores que acompañan al presidente José Antonio Kast en su gira por Asia desató acusaciones de una eventual falsificación de firma, mientras crecen las presiones para que la mesa del Senado entregue los antecedentes a la Fiscalía.

En el centro de la polémica aparece el senador socialista Juan Luis Castro, jefe del comité del Socialismo Democrático, quien gestionó el retiro de los permisos de Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (PPD), sin que, según ambos parlamentarios, existiera su consentimiento.

El caso más delicado es el de Órdenes, quien denunció que se utilizó su firma sin autorización para retirar un permiso constitucional que había sido aprobado por la Sala.

A través de una carta dirigida al secretario del Senado, a la que tuvo acceso Radio Bío Bío y que fue leída por el senador Pedro Araya (PPD), la parlamentaria aseguró que desconoce completamente el documento.

“No he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido documento alguno en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi representación con ese propósito”, afirmó.

Aunque ambos permisos fueron restituidos durante la mañana de este miércoles, el episodio abrió una controversia que va mucho más allá de un trámite administrativo.

La jugada política detrás de los permisos constitucionales

Según antecedentes recabados por Radio Bío Bío, el retiro de los permisos se produjo en medio de las negociaciones del Presupuesto 2027, particularmente por la autorización de endeudamiento solicitada por el Gobierno, cuya votación estaba prevista para este miércoles.

La importancia de estos documentos radica en que los permisos constitucionales permiten recalificar el quórum de determinadas votaciones, modificando la cantidad de votos necesarios para aprobar ciertas materias.

En términos simples, al retirar los permisos de los parlamentarios que se encuentran fuera del país, se desactiva esa recalificación y aumenta la cantidad de votos que el Ejecutivo necesita reunir para conseguir la aprobación de aquellas iniciativas sujetas a ese mecanismo.

Fuentes consultadas en el Senado sostienen que detrás de la decisión habría existido una maniobra política destinada a dificultar la aprobación de la autorización de endeudamiento, una de las materias más sensibles de la discusión presupuestaria.

La sospecha es que, al elevar el número de votos necesarios, sectores de la oposición buscaban presionar al Gobierno para conseguir mayores recursos en otras partidas presupuestarias, condicionando así su respaldo a la solicitud de deuda.

Dos versiones sobre la firma de Órdenes y posibles delitos

Uno de los aspectos más delicados del caso es determinar cómo se incorporó la firma de Ximena Órdenes al documento utilizado para retirar su permiso constitucional.

De acuerdo con antecedentes conocidos por Radio Bío Bío, existen dos versiones que están siendo comentadas al interior del Senado.

La primera apunta a que el documento habría sido presentado con la firma electrónica de la parlamentaria, pero sin su consentimiento.

La segunda, en tanto, sostiene que funcionarios habrían advertido que la firma fue copiada desde otro documento y posteriormente incorporada al escrito, que habría sido fotocopiado.

Ninguna de estas versiones ha sido acreditada judicialmente, pero ambas han generado preocupación por las eventuales consecuencias penales.

Senadores con conocimientos jurídicos consultados sobre el caso advierten que, para utilizar válidamente la firma de otra persona, debe existir una autorización legal suficiente y el consentimiento correspondiente para el acto específico.

En ese contexto, plantean que, si se acredita que alguien utilizó la firma de Órdenes sin estar autorizado, podrían investigarse eventuales delitos relacionados con la falsificación de instrumento público o la suplantación de identidad, dependiendo de los hechos y de su calificación jurídica.

Incluso, algunos parlamentarios consideran que podría analizarse la concurrencia de más de un delito.

La distinción es relevante: mientras la ausencia de una consulta previa puede constituir un reproche político, la eventual utilización o falsificación de una firma sin autorización podría tener consecuencias penales.

En caso de presentarse una denuncia, las diligencias podrían alcanzar a quienes participaron en la elaboración, firma y presentación del documento, incluido Castro. Sin embargo, será el Ministerio Público el encargado de determinar eventuales responsabilidades y la calidad procesal en que corresponda citar a cada involucrado.

Castro habla de problemas de comunicación y Espinoza confirma falta de consentimiento

En medio de los cuestionamientos, Castro ha planteado que habría intentado comunicarse con Órdenes, pero que se produjeron dificultades para establecer contacto.

Sin embargo, desde el entorno de la senadora del PPD cuestionan esa explicación y aseguran que únicamente recibió un mensaje después de que estallara la controversia.

De hecho, en entrevista con La Segunda, Castro justificó lo ocurrido señalando que se trató de “hechos circunstanciales en el marco del debate político”. Además, consultado por Radio Bío Bío, el senador Castro declinó referirse al escándalo.

Por su parte, Fidel Espinoza confirmó a La Tercera que el retiro de los permisos se realizó sin consentimiento de los parlamentarios involucrados.

“Fue un impase, lamentable, absolutamente, que podía haberse evitado. Pero ya ha sido restituido nuestro derecho a tener nuestro permiso constitucional, que es un derecho ineludible que tienen los parlamentarios, y respecto al cual solamente nosotros podemos dejarlo sin efecto”, sostuvo.

El senador socialista agregó que la situación resultó especialmente incómoda, considerando que ambos parlamentarios participan en la gira presidencial con el propósito de fortalecer las relaciones comerciales de Chile con Vietnam, China y Japón.

Carter pide investigar y aumenta la presión sobre la mesa del Senado

El senador republicano Rodolfo Carter fue uno de los primeros en advertir sobre la eventual existencia de un delito y solicitar que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público.

“Lo que acaba de ocurrir, a mi juicio, constituye un delito eventual en el Senado de la República”, afirmó.

En esa línea, pidió al secretario de la corporación certificar lo sucedido y entregar los documentos a la Fiscalía.

“Yo le pido al señor secretario que certifique este hecho y transfiera los antecedentes al Ministerio Público para que acredite quién eventualmente ha cometido este delito. A lo menos ha habido una falsificación de firma de una senadora de la República”, sostuvo.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), reconoció que la autorización del parlamentario es indispensable para retirar un permiso constitucional, independientemente del mecanismo utilizado para firmar el documento.

“El problema no está en si es firma electrónica o no es firma electrónica. El problema está en que cuando uno ocupa una firma electrónica, esa persona tiene que dar la autorización”, explicó.

Núñez confirmó, además, que lo ocurrido quedó certificado durante la mañana y que la mesa está evaluando la solicitud de remitir los antecedentes a la Fiscalía.

“Sí, efectivamente se evalúa y es lo que nos corresponde ahora hacer”, indicó. Sin embargo, la decisión todavía no está tomada.

Según fuentes consultadas por Radio Bío Bío, al interior del Senado existe preocupación por los tiempos que está tomando la mesa para resolver el asunto.

La inquietud radica en que, si eventualmente se abre una investigación penal, también podría examinarse la actuación de las autoridades de la corporación frente a los antecedentes que conocieron y las medidas que adoptaron.

En ese escenario, distintos senadores habrían transmitido informalmente sus reparos tanto a Núñez como al senador Iván Moreira, advirtiendo sobre la necesidad de adoptar una decisión oportuna.

Las mismas fuentes señalan que se espera una definición de la mesa o de la Secretaría del Senado a más tardar este jueves, aunque no se descarta que pueda producirse durante la noche de este miércoles.

Así, una maniobra que, según las sospechas surgidas en el Congreso, buscaba alterar el escenario de votación del endeudamiento, terminó instalando una controversia sobre el uso de la firma de una senadora, con eventuales consecuencias penales y una decisión pendiente que ahora mantiene bajo presión a la propia mesa del Senado.