El Ministerio Público presentó este miércoles el tercer Informe de Crimen Organizado en Chile 2026, que da cuenta de un cambio en el fenómeno criminal, con mercados ilícitos más concentrados, estructuras delictivas más sofisticadas y mayor arraigo territorial.
De acuerdo con el estudio, durante 2025 los ingresos de casos vinculados al crimen organizado aumentaron un 6,8%, alcanzando un total de 6.121. El principal impulso provino del microtráfico, que registró un alza de 49,6%.
El documento también advierte sobre el incremento de víctimas de trata de personas, la participación de adolescentes en actividades criminales y los vínculos entre organizaciones delictivas, corrupción y el sistema penitenciario.
Al presentar el informe, el fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó la metodología utilizada para comparar los resultados de los últimos tres años y reconocer las principales tendencias.
“El informe no es un mero compendio de cifras: es una herramienta para orientar decisiones de persecución penal fundadas en evidencia”, sostuvo.
Menos víctimas de homicidios y más casos de trata de personas
Entre los antecedentes que destaca el informe, aparece una disminución de las víctimas de homicidios asociados al crimen organizado, que pasaron de 199 en 2024 a 107 en 2025, lo que representa una caída del 46,2%.
Sin embargo, el Ministerio Público llamó a la cautela frente a esta tendencia, considerando que los primeros antecedentes de 2026 obligan a observar con atención su evolución.
En contraste, las víctimas identificadas de trata de personas aumentaron un 36,9%, pasando de 179 a 245 en el mismo período.
El estudio también pone atención en la creciente participación de adolescentes en actividades criminales y en la capacidad de las organizaciones para establecer vínculos con redes logísticas y financieras.
El desafío de desarticular las organizaciones
Una de las principales conclusiones del documento es que el crimen organizado en Chile no necesariamente está creciendo de manera uniforme, sino que está evolucionando hacia mercados ilícitos más concentrados y estructuras con mayor presencia territorial.
En ese escenario, la Fiscalía advierte que la persecución penal no puede limitarse a investigar delitos individuales, sino que debe apuntar a desarticular las organizaciones y las redes económicas, financieras e institucionales que permiten su funcionamiento.
Para ello, plantea fortalecer la inteligencia criminal, el seguimiento del dinero y los bienes ilícitos, además de avanzar en investigaciones integradas y una mayor coordinación entre instituciones, tanto a nivel nacional como internacional.
Revisa acá el informe completo: