Prohibir que los apoderados utilicen su posición para promover tendencias político-partidistas en los establecimientos educacionales, establecer nuevas causales que les impidan ejercer esa función y restringir la participación de ciertas autoridades electas en organizaciones escolares son parte de las medidas contenidas en indicaciones presentadas —por diputados oficialistas— al proyecto que busca regular la figura de los apoderados.
Las propuestas forman parte de la discusión de la iniciativa que modifica la Ley General de Educación y que fue citada para iniciar su votación en particular este martes en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Una de las indicaciones propone incorporar un nuevo artículo 4° sobre neutralidad político-partidista. En concreto, plantea que ningún integrante de la comunidad educativa pueda valerse de su calidad de apoderado ni de las instancias de participación reguladas en la normativa educacional para promover una tendencia político-partidista.
La propuesta también establece que los reglamentos internos de los establecimientos deberán contemplar medidas para quienes infrinjan esa disposición. En caso de que un recinto no adopte dichas medidas, se expone a sanciones conforme a la Ley N° 20.529.
Nuevas inhabilidades para ser apoderado
Otra de las indicaciones busca reemplazar el artículo 4° quáter, referido a las inhabilidades e incompatibilidades para ejercer como apoderado.
El texto propone impedir que asuman esa función personas contra quienes los tribunales de familia hayan decretado medidas cautelares vigentes en favor de niños, niñas o adolescentes, o respecto de quienes exista una sentencia en un procedimiento de protección, conforme a la Ley N° 19.968.
También incluye a quienes hayan perdido el cuidado personal de un hijo por resolución judicial y a quienes participen activamente en hechos de alteración del orden público, mediante actos concretos de violencia o incitación a esta, dentro de un establecimiento educacional o en sus inmediaciones. En este último caso, la circunstancia deberá ser calificada por el director del establecimiento.
La indicación agrega como inhabilitados a quienes tengan prohibido trabajar con menores de edad por aplicación de la Ley N° 20.594; a quienes hayan sido sancionados o condenados conforme a la Ley N° 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; y a quienes estén cumpliendo condena por crimen o simple delito, o la hayan cumplido durante los tres años anteriores a su designación.
Restricciones para autoridades electas
La propuesta también incorpora una restricción para quienes ejerzan cargos de elección popular. Según el texto, al que accedió BioBio, si son apoderados de un estudiante con quien no tienen vínculo de parentesco, no podrán integrar las directivas de los Centros de Padres y Apoderados ni el Consejo Escolar, ni postular a esos cargos.
A su vez, plantea que designar a una persona distinta como apoderado no le otorgará automáticamente la representación del estudiante en los Centros de Padres y Apoderados, sus procesos eleccionarios, el Consejo Escolar ni otras instancias de participación de la comunidad educativa.
Para que pueda ejercer esa representación, el instrumento de designación deberá autorizarlo expresamente.
Las indicaciones fueron presentadas en el marco de la tramitación del proyecto, originado en una moción de los diputados y diputadas Paz Charpentier, José Kast, Hans Marowski, Ricardo Neumann, Javier Olivares y Javiera Rodríguez, que se encuentra en primer trámite constitucional. La sesión fue citada este martes en la comisión de Educación.