Una orden de detención en contra del dueño de una importadora de vehículos despachó el Juzgado de Garantía de Concepción, luego de que el empresario no compareciera presencialmente a una audiencia en la que sería formalizado por una presunta estafa que afectó a 32 personas con discapacidad y que alcanzaría los $250 millones.
Se trata de Reinaldo Lara, representante de la automotora HDR, quien debía enfrentar cargos por un fraude relacionado con la importación de vehículos adaptados para personas con discapacidad.
Sin embargo, el imputado se conectó a la audiencia de este martes mediante Zoom, sin contar con autorización del tribunal.
De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, las víctimas pagaron en promedio $8 millones cada una por vehículos que nunca recibieron. Tampoco recuperaron el dinero, por lo que varios afectados continúan pagando créditos asociados a automóviles que jamás llegaron.
Audiencia era presencial y no fueron
La audiencia contó con la presencia del fiscal Rodrigo Bascuñán, los abogados querellantes y las personas afectadas. En cambio, Lara participó de manera telemática junto a su abogado defensor, Álvaro Elgueta.
Ante esta situación, el fiscal solicitó una orden de detención, argumentando que el empresario estaba legalmente notificado y tenía la obligación de comparecer personalmente. El tribunal acogió la petición pese a la oposición de la defensa, que atribuyó lo ocurrido a un error del abogado.
“Como no compareció de manera presencial, tampoco consta quién era la persona que estaba conectada por Zoom. Pedimos la orden de detención“, explicó Bascuñán.
Por su parte, el abogado querellante Carlos Moreira adelantó que, una vez concretada la formalización, solicitarán la prisión preventiva para Lara.
Imputado asegura que se presentará
Argumentó que actualmente desconocen si el imputado se encuentra en el país o en qué comuna reside, por lo que consideran necesario adoptar una medida que asegure su comparecencia y el desarrollo de la investigación.
La resolución fue recibida con satisfacción por las víctimas. Ana Araneda, vocera del grupo de afectados, manifestó que esperan que la detención marque un avance en la búsqueda de justicia.
La representante también puso énfasis en las consecuencias económicas que enfrentan las personas estafadas, varias de las cuales siguen pagando los créditos solicitados para adquirir vehículos que nunca recibieron.
En tanto, el abogado defensor Álvaro Elgueta adelantó que se presentarán voluntariamente ante el tribunal, sin esperar que se concrete la orden de detención, con el objetivo de permitir que se fije una nueva fecha para la audiencia de formalización.