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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La astrónoma Tere Paneque cuestionó el acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Ciencia y OpenAI, y pidió transparentar el documento y aclarar qué datos estatales se compartirán y cómo se protegerán.

La astrónoma y divulgadora científica, Tere Paneque, utilizó sus redes sociales para cuestionar la nueva estrategia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El organismo anunció este martes que firmaron un acuerdo de colaboración con OpenAI, la gran empresa tecnológica de inteligencia artificial (IA) detrás de ChatGPT.

De acuerdo con el ministerio, Chile colaborará de manera directa con la compañía estadounidense para “buscar servicios públicos más simples y cercanos”, introduciendo de lleno la IA en algunas tareas del Estado.

Si bien el gobierno especificó que no habrá transferencia de datos sensibles de la ciudadanía, la noticia igualmente generó una ola de críticas y preocupaciones, especialmente por la reputación de OpenAI, que está siendo investigada en su propio país por falta de protocolos de seguridad y respaldo.

En la publicación de Instagram del MinCiencia, Paneque comentó: “’el memorandum no incluye transferencia de datos sensibles a la ciudadanía”. ¿Dónde está el documento? ¿Cuáles datos se comparten? ¿Cómo se determina que sean o no sensibles?”.

Y también cuestionó: “¿por qué se decidió firmar con una empresa extranjera denunciada en su país y Estado por su falta de protocolos de seguridad?”.

Asimismo, comentó en el Instagram de la ministra Ximena Lincolao, que posteó una foto junto Sam Altman, CEO de OpenAI, tras firmar el acuerdo. “¿Por qué deberíamos celebrar la firma de un acuerdo con una empresa investigada en su propio país por su falta de protocolos de seguridad y constantes riesgos? ¿Cuál es el acuerdo? ¿A cuáles datos estatales tendrán acceso?”, insistió.

Captura del comentario de Tere Paneque
Instagram

¿Qué pasa con OpenAI?

Justamente esta semana se conoció que Rob Bonta, el fiscal general del estado de California, demandó a OpenAI alegando que engañaron y pusieron en peligro al público al desarrollar modelos de IA sin las salvaguardas adecuadas.

De acuerdo con BBC News, en la demanda, el fiscal menciona el incidente que ocurrió en julio de este año, cuando agentes de IA de OpenAI burlaron los sistemas de seguridad durante unas pruebas y atacaron la plataforma Hugging Face.

Asimismo, señaló que OpenAI es “un peligro público” y que viola las leyes estatales de competencia desleal. Ahora, se está investigando esta situación.

Los cuestionamientos de Tere Paneque no fueron los únicos que surgieron después del acuerdo de Chile con OpenAI. Figuras de la oposición también salieron al paso e incluso se pronunció Carolina Gainza, exsubsecretaria del Ministerio de Ciencia.

En sus declaraciones, dijo que se estarían entregando los datos de los ciudadanos y del Estado “en bandeja” a una de las empresas de inteligencia artificial más grandes del planeta.

Además, apuntó a que en septiembre pasado el gobierno pospuso la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719, que iba a reforzar la protección de datos en Chile con obligaciones exigentes a servicios públicos y empresas, especialmente sobre la información privada de las personas.

“La ministra de Ciencia ha señalado que no hay que temerle a la IA y que nuestro país debe fomentar la innovación. Con el pretexto de ‘no tener miedo a la IA’ busca eliminar la perspectiva de riesgos presente en el actual proyecto de ley que está en el congreso y que el gobierno quiere reemplazar”, manifestó.

“La perspectiva de innovación que promueve la ministra es la misma que la de EEUU: autorregulación de la industria (lo que sea que eso signifique) y una innovación tecnológica que se pone por sobre los derechos y protección de los ciudadanos“, añadió.

BiobioChile intentó acceder al acuerdo firmado por Lincolao, pero el Ministerio de Ciencia señaló que no puede compartir públicamente el documento, aunque señalaron que no tiene costo para el Estado, no establece exclusividad y retiraron que no contempla transferir datos sensibles de la ciudadanía.