Hasta el Palacio de La Moneda llegaron alcaldes, parlamentarios y organizaciones habitacionales para solicitar al Ejecutivo frenar la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En este escenario, se agendó una reunión con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, con los dirigentes comunales, con el fin de dialogar sobre las inquietudes que han generado estos cambios.
La propuesta que impulsa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), y que se encuentra desde abril en la Contraloría, busca reducir el precio de viviendas mediante cambios a las normas de construcción y densificación.
En este contexto, distintos actores han advertido de sus efectos negativos, como la sobredensificación y la eventual proliferación de nuevos “guetos verticales”.
La modificación recibió 957 observaciones durante su proceso de consulta. Tras esto, el Gobierno ingresó a la Contraloría una propuesta actualizada, con ajustes y un aumento de la densidad bruta respecto de la iniciativa original.
Sobre esto se refirió el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, quien planteó la necesidad de avanzar hacia una planificación distinta. “Nosotros no estamos en contra de la construcción de edificios, sino todo lo contrario. Queremos construcción de edificios que sean a escala humana, no edificios que destruyan los barrios”, indicó.
En tanto, la concejala de Estación Central, Victoria Herrera, advirtió que este tipo de construcciones terminan afectando la calidad de vida de quienes viven en esos sectores.
“Sé lo que implica construir sin medidas, sobre todo afectando la dignidad y calidad de vida de las vecinas y vecinos”, sostuvo.
A la petición también se sumó la senadora Fabiola Campillai, quien dijo que el Gobierno está abordando la vivienda principalmente como un negocio y no como un derecho.
“El problema es para quién se construya. No podemos permitir que se pase por encima de la planificación local. La vivienda es un derecho, no un negocio”, fundamentó.
Desde el mundo académico también surgieron reparos. El presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad, Álvaro Ramis, advirtió que los efectos podrían ir más allá de Estación Central y alcanzar otros sectores de Santiago, particularmente zonas cercanas a la Línea 2 del Metro.
“Estación Central es un caso emblemático, pero muchas otras comunas, como las que están en torno a la línea 2 del metro, la multimodal de La Cisterna, por ejemplo, es un lugar donde podría darse un efecto muy dañino respecto al entorno”, alertó.
Reunión con ministro Poduje
El próximo 26 de agosto se realizará una reunión entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y dirigentes comunales para abordar las inquietudes que ha generado la modificación.
Será una nueva instancia de diálogo sobre una propuesta que ya había provocado movilizaciones el mes pasado, cuando organizaciones habitacionales marcharon hasta el Minvu.
Ahora, la discusión se traslada a una mesa formal, mientras sus detractores esperan que el Gobierno revise nuevamente los alcances de la iniciativa antes de que Contraloría se pronuncie.
Enviando corrección, espere un momento...
