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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El gobierno provocó polémica al pedir la renuncia de Manahi Pakarati, embajadora de origen rapanui, por respaldar un autogobierno en zona insular. A pesar de ser trasladada a otro cargo en enero, fue solicitada su renuncia definitiva por "pérdida de confianza". Críticas vienen del ámbito diplomático y político, con dudas en el Congreso sobre las razones detrás de la desvinculación, sugiriendo motivaciones políticas o discriminación racial y de género.

Continúan las críticas a la decisión del gobierno de pedirle la renuncia a Manahi Pakarati a su cargo en la Cancillería tras una “pérdida de confianza”.

Recordemos que la diplomática de origen Rapa Nui fue removida luego de respaldar públicamente la idea de un autogobierno para la zona insular.

Tras su salida de Wellington, en enero de este año, fue reubicada en la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Pese a ello, la semana pasada el Ejecutivo solicitó su renuncia definitiva argumentando una pérdida de confianza, poniendo fin a su permanencia en la Cancillería.

La decisión ha generado reparos en el mundo diplomático y político.

Al respecto, el excanciller Juan Gabriel Valdés cuestionó la medida y advirtió que la salida de Pakarati puede significar un daño para la Cancillería, especialmente considerando su extensa trayectoria y experiencia profesional.

“Es legítimo cuestionar”

En este contexto, las críticas también llegaron desde el Congreso.

Por su parte, la diputada frenteamplista parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Coca Ñanco, cuestionó los argumentos entregados por el Ejecutivo para concretar la desvinculación.

Asimismo, señalando dudas respecto del argumento de la pérdida de confianza utilizado para poner fin a una carrera de casi tres décadas.

“Cuando las explicaciones no aparecen, es legítimo cuestionar si estamos ante una verdadera pérdida de confianza ante la necesidad de despejar un cupo para intereses políticos o también ante una acción que constituye discriminación racial y de género”, argumentó.

Si bien el Gobierno ha atribuido la decisión a una pérdida de confianza, no ha profundizado en los hechos que dieron origen a esa determinación.

El caso ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre la confianza política que requieren los representantes del Estado y la estabilidad de los diplomáticos de carrera.

Eso sí, desde la Cancillería remarcan que los embajadores son cargos de exclusiva confianza del presidente de la República.