Como una medida basada estrictamente en criterios técnicos y no políticos calificó el subsecretario de Justicia, Luis Silva, el traslado de los tres únicos reos comunes que permanecían en el penal de Punta Peuco. Desde el Ejecutivo salieron así a contener la controversia y a descartar un trato especial, luego de que parlamentarios y dirigentes del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) acusaran un retroceso en la homologación carcelaria y exigieran explicaciones formales.
La reubicación fue ejecutada por Gendarmería de Chile, institución que informó que el procedimiento se realizó “conforme a las atribuciones institucionales, el marco normativo vigente y criterios de segmentación”, precisando además que los propios internos solicitaron el traslado de forma voluntaria.
Gobierno defiende traslado de reos comunes desde Punta Peuco
Al respecto, el subsecretario Silva precisó que estos tres internos comunes habrían ingresado a Punta Peuco durante el gobierno anterior. Junto con insistir en que la decisión es resorte exclusivo del servicio penitenciario, la autoridad apuntó a la gestión del gobierno anterior.
“Como ha dicho Gendarmería, fue una decisión técnica o basada en criterios técnicos y nada más. Es una decisión del servicio. Lo que habría que revisar es si no fue política la decisión contraria, es decir, de la administración anterior, y ahora simplemente se está respetando lo que siempre fue. Esa es la pregunta que hay que hacerse”, enfatizó Silva.
Oposición acusa “retroceso” e impunidad
Sin embargo, las explicaciones del Gobierno no cayeron bien en el oficialismo. Desde el Frente Amplio advirtieron que esto podría significar un retroceso respecto de la política de homologación penitenciaria impulsada en años anteriores, la cual buscaba terminar con los privilegios en penales como Cordillera y Punta Peuco.
El secretario general del FA, Simón Ramírez, tildó el hecho como una “señal preocupante”.
“Nos parece fundamental que no se hagan diferencias entre los reos. En ese sentido, lo que ha planteado también el ministro actual Rabat de poner en cuestión las medidas de homologación de los distintos reos nos parece que es evidentemente un retroceso y esperamos que lo que se planteó durante el gobierno anterior pueda seguir avanzando”, sostuvo.
En una línea mucho más dura, la diputada del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Pizarro, acusó al Gobierno de volver a transformar Punta Peuco en un recinto de privilegios para condenados por crímenes de lesa humanidad, confirmando el envío de un oficio a la cartera.
“Hoy vuelven a demostrar que la impunidad y la libertad de los genocidas es solo un pendiente para este gobierno. Han vuelto a transformar el penal de Punta Peuco en una cárcel especial para criminales. Hemos oficiado al Ministro de Justicia para que explique cuáles son las razones para esta nueva aberración”, fustigó la parlamentaria.
Frente al revuelo, Gendarmería cerró filas reiterando que estos traslados son parte de sus facultades permanentes para garantizar la seguridad y habitabilidad de las cárceles, asegurando que el proceso se rigió bajo el “respeto irrestricto a los derechos humanos”.
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