Cordero: En los liceos emblemáticos se desbordó la convivencia escolar. La persecución penal es clave

Han pasado dos meses desde que dejó La Moneda y retomó sus actividades como abogado. Desde la altura de su oficina en la comuna de Santiago Centro, el exministro Luis Cordero sigue pendiente de la contingencia y la seguridad en territorio nacional. Desde allí, analiza la instalación del actual gobierno y la violencia en distintas áreas como el fútbol y la educación.

En conversación con BioBioChile, el también académico destaca la gestión del gobierno anterior, asegurando que se alcanzaron importantes acuerdos legislativos. Así, vincula aquello con los grandes desafíos que hoy enfrenta el Ejecutivo. “No es simplemente la agenda de la campaña, sino que también el cumplimiento de los mandatos de la nueva legislación para avanzar”, dice.

Desde su paso por el gobierno hasta ahora, Cordero ha mostrado reparos con la forma en que se estructuran las barras en el fútbol. Hoy lo reitera. A su juicio, la estructura de “piños” (facciones) se concreta un reclutamiento para organizaciones criminales.

En términos generales, el también exsubsecretario del Interior dice que no basta con reducir el índice de victimización, sino también la percepción de temor. La violencia en recintos educacionales también forma parte de la conversación. “Podemos cometer un error si creemos que todos los casos de violencia escolar deben ser tratados de la misma manera”, advierte.

Por último, el exsecretario de Estado también manifiesta preocupaciones respecto a la agenda de Derechos Humanos en la administración Kast. Al respecto, sostiene que la autoridad no debe olvidar que, frente a víctimas, se representa al Estado de Chile y no a un gobierno.

Luis Cordero aborda seguridad, violencia y la instalación del gobierno de Kast

—¿Cómo ha visto la instalación del gobierno en materia de seguridad? ¿Cree que hay un plan?

Yo creo que las instalaciones de los gobiernos son siempre complejas, además, en contextos donde los temas de seguridad formaron parte de los temas centrales de la campaña presidencial porque la discusión de los últimos años en nuestro país ha estado marcada por los ejes en materia de seguridad. Yo diría que uno de los grandes acuerdos del gobierno y la oposición durante la administración anterior tuvo que ver con la materia de seguridad (…) Entonces, cuando uno mira hacia atrás, en materia de seguridad, más allá de lo que se diga, cuando uno mira los resultados, lo que tiene es una cooperación muy activa entre el gobierno y la oposición, entre el Ejecutivo y el Congreso, en una agenda de esas características.

Uno de los grandes objetivos del período anterior, con el Congreso anterior, era: “Miremos la seguridad pública como una política de Estado” y, por lo tanto, saquemos la seguridad de La Moneda y eso es el Ministerio de Seguridad como una entidad separada para tener una política de seguridad que trascienda a los gobiernos y enseguida tomemos decisiones en base a evidencia. Entonces, el proceso de instalación del gobierno está en una etapa en que también tiene que saber gestionar ese proceso. Hay muchas leyes, esto es muy importante, que fueron dictadas en el período anterior, pero que tienen que ser gestionadas en esta administración. Ejemplifico: la Ley de Seguridad Municipal, la Ley de Seguridad Privada, la reforma constitucional del cambio de dependencia de Gendarmería, que implica la reestructuración y la modernización global. Hay varios desafíos que la administración tiene ahí. Y, por último, porque dado que la ley que crea el ministerio obliga a establecer políticas en base a evidencia, el instrumento central, que es la política de seguridad pública, era un mandato obligatorio y, de hecho, la política —según la ley— debe durar seis años y esa política había comenzado a trabajarse el año 2022 y culmina con la instalación del Ministerio de Seguridad, que tiene estos seis ejes estratégicos que son bien relevantes: prevención en niñez y adolescencia; prevención territorial; control del delito; persecución penal; sanción y cárceles en temas de reinserción y, por último, atención de víctimas.

¿Cuál es la etapa en este periodo, ya habiéndose dictado en la política? Las estrategias bianuales y por eso uno también tiene que ser preciso cuando al gobierno se le dice: ¿cuál es su estrategia bianual para cumplir los objetivos de la política? Y como el mandato de la ley es adoptar decisiones en base a evidencia, ¿cuáles van a ser las líneas que usted va a tener prioridad y cuáles son las metas a las cuales se compromete en el fondo? En ese proceso de instalación del sistema y de otras leyes es donde uno tiene que evaluar la nueva administración. ¿Por qué lo digo? Porque no es simplemente la agenda de la campaña, sino que también el cumplimiento de los mandatos de la nueva legislación para avanzar en gestión en materia de seguridad.

—Habló de que la seguridad tiene que ser una política de Estado. Según su percepción, ¿ha visto esa disposición de esta administración? La ministra de Seguridad pide tiempo.

Yo creo que hay dos cosas ahí. En seguridad hay que administrar la contingencia porque es un ministerio muy difícil y es un tema de mucha preocupación para los chilenos, pero es un ministerio que además tiene competencia política y sus grandes objetivos están en la capacidad de tener gestión integrada del sistema y trabajar en base a evidencia. El Ministerio de Seguridad no tiene funciones operativas, entonces tiene que tener mucha capacidad de tener gestión pública. Entonces, por cierto, están los temas contingentes, pero también no hay que perder de vista el mediano y el largo plazo. Por eso, cuando la ministra dice que hay que tener más tiempo, sus palabras tienen mucho sentido en la lógica, y por eso el mandato para que esta administración se haga cargo… Bueno, dado que tenemos la política aprobada, ¿cuál es su estrategia para los próximos dos años? Porque las estrategias, según el reglamento del sistema de seguridad que se dicta en función de la ley, deben realizarse cada dos años porque usted va adaptando la política, pero para eso hay que fijar objetivos. Creo que el gran desafío que tiene esta administración, luego de su instalación, es decir: Ok, de los seis elementos de la política, estos son los lineamientos estratégicos y estos son los indicadores que vamos a medir. Por ejemplo, reducción de homicidio a propósito de temas de prevención, intervención territorial. En fin, hay como una serie de aspectos que ya tienen que ver con la gestión propiamente tal.

¿Y por qué esto es tan relevante? Porque yo diría que la administración anterior en materia de seguridad es la de los grandes consensos, los grandes acuerdos legislativos en materia de seguridad para transformarlo en política de Estado. Y yo creo que el desafío de esta administración es la implementación de esos acuerdos con gestión, y eso le permite a usted mirar esto en una perspectiva de política de Estado porque se gestionan instituciones permanentes de la República, más allá de una administración.

—Desde el Partido Republicano oficiaron al Ministerio de Seguridad por su llegada como docente a la Academia de Ciencias Sociales de Carabineros. ¿Cómo fue el proceso, a grandes rasgos? Para aclarar dudas.

Yo soy profesor de derecho administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile hace más de 25 años. Accedí a ese cargo por concurso de oposición y antecedentes. Todo el mundo sabe que mi especialidad es derecho administrativo y que yo esencialmente en mi actividad de investigación me he dedicado a dos cosas: procedimiento administrativo y diseños institucionales, que son las cosas que he escrito. Mi periodo en el gobierno es haber servido al país; pero yo vuelvo a mis actividades. Yo nunca dejé de hacer clases. La Academia de Ciencias Policiales, creo que es conveniente tener presente que, al igual que el resto de las instituciones de las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones, y ahora también de Gendarmería, son para todos los efectos legales calificadas como instituciones de educación superior. Carabineros me pidió si acaso yo podía dar un curso de derecho administrativo, que es la especialidad mía. Por cierto, el honorario es simplemente simbólico porque son cuatro horas y creo que son como $58 mil pesos la hora. Entonces, yo tengo la impresión de que quienes formularon la crítica probablemente desconocían la razón y qué es lo que estaba haciendo yo. No es mi labor principal, ni tengo una labor directiva en ese lugar. También pude prescindir de esa invitación, pero en algún sentido, creo yo, también tenemos responsabilidad en la enseñanza de determinados tipos de disciplina. Creo conveniente vincular los mundos de la academia con las instituciones policiales y las Fuerzas Armadas, y me parece que es una manera de contribuir a ese proceso también. Ha sido una muy buena experiencia para mí, porque además permite dimensionar, en el caso de mi disciplina, un derecho administrativo no simplemente del punto de vista teórico, sino que también del punto de vista de la implementación de los que van a ser los futuros altos mandos de Carabineros.

—Hubo un revés para el Ministerio de Seguridad cuando intentó ampliar la querella por el ataque a la ministra Ximena Lincolao. La Corte de Apelaciones de Valdivia se pronunció por la forma, que no tenía las atribuciones, pero no sobre el fondo. Más allá de eso, en ese caso, ¿usted cree que se debió haber invocado la Ley de Seguridad del Estado?

Lo que pasa es que durante la discusión de la ley del Ministerio de Seguridad, que fue bien explícita durante la tramitación porque había facultades que se habían entregado para querellas al Ministerio del Interior, cuando era Interior y Seguridad Pública, y cuando se crea el Ministerio de Seguridad, entonces hay varios aspectos que tienen que segmentarse en otros ámbitos administrativos. Pero en este en concreto, muchas de las atribuciones para querellarse que estaban en el Ministerio del Interior se trasladan al Ministerio de Seguridad para los delitos más graves o para la Ley Antiterrorista también, pero se discutió explícitamente que en materia de seguridad del Estado, esas competencias no se trasladaban a Seguridad por una razón muy simple: porque el propósito de la Ley de Seguridad del Estado tiene que ver con resguardar el orden interno y las instituciones del Estado, que pareciera ser una atribución que estaba más bien encomendada ahora en la nueva con la reforma al Ministerio del Interior. En consecuencia, una atribución que quedó establecida ahí y por eso, para situaciones similares en estos casos, el Ministerio de Seguridad en el pasado utilizó las normas generales… De hecho, las discusiones en el pasado tenían que ver con otra cosa, tenían que ver si se ocupaba o no —esto a propósito de la Macrozona Sur— la Ley Antiterrorista, que no es exactamente este caso. Entonces, ahí el Ministerio de Seguridad tuvo que hacer una distinción de los casos anteriores y de los casos con la nueva ley. Una vez que se dictó la nueva ley, se comenzó a utilizar también para las querellas, pero en el caso de la Ley de Seguridad del Estado fue una discusión muy explícita en el Congreso sobre este punto.

—Pero en simple, ¿no la hubiese invocado?

Lo que pasa es que nosotros entendíamos que no era una atribución que estuviera radicada en Seguridad.

Violencia en el fútbol y otros eventos masivos

—Recientemente explicó su asesoría a Michael Clark. En octubre del año pasado, cuando era ministro, cuestionó a los clubes y les atribuyó responsabilidad en el avance del crimen organizado en el fútbol. En este nuevo rol, ya no como autoridad, ¿ha tenido la oportunidad de manifestarle sus reparos? Él era presidente en la U.

Sí, son dos cosas muy distintas. En el caso de la asesoría legal, es una representación en el contexto de un procedimiento administrativo muy específico ante la CMF, que es un tema que tiene que ver con regulación de mercado financiero y me parece que es un encargo profesional. Yo en general no ocupo ninguna de mis entrevistas ni mis columnas para hablar de mis asuntos profesionales, porque creo que no corresponde y que además uno tiene que delimitar bien los conflictos de interés en ese ámbito. Respecto de mis juicios sobre las barras, yo no solo mantengo mis dichos… Durante la gestión del Ministerio de Seguridad Pública, nosotros enfatizamos mucho en la responsabilidad de los clubes, pero sobre todo de una preocupación que yo tengo y que sigo teniendo, y es que las formas de estructurar las barras hoy, a través de mecanismos de “piño” (facciones), suponen un reclutamiento, respecto a algunos de esos “piños”, para organizaciones criminales. Durante el año pasado, el Ministerio Público, conjuntamente con las policías, desarrolló golpes bien específicos (…) Ahora, lo que sí está es que, con la legislación nueva, estamos hablando de Ley de Seguridad Privada; un tercio de esa regulación está vinculada a espectáculos masivos y, por cierto, las exigencias se han ido estrechando e imponiendo mucho más. Por lo tanto, si usted quiere hacer sostenibles los espectáculos donde, entre otras cosas, está el fútbol, lo que nosotros hemos insistido siempre y creo que es conveniente seguir insistiendo, es que el Ministerio de Seguridad no tiene por qué hacerse cargo de los espectáculos deportivos. La rentabilidad o no rentabilidad no es un problema de seguridad; es si cumple o no cumple las normas en materia de seguridad. Ahora, está claro que el país tiene que avanzar no solo respecto de ellos, sino también respecto de la infraestructura y, sobre todo, a su vez, estableciendo que existen regímenes de responsabilidad que también se pueden atribuir o tener efectos sobre los dirigentes de esas organizaciones.

—Si bien hoy ud. no está en ese rol, pero considerando su experiencia, le quiero preguntar su opinión por una situación que se da en eventos masivos. Cuando hay bengalas o uso de pirotecnia en el fútbol, generalmente hay sanciones, pero son hechos que también se repiten en —por ejemplo— conciertos, pero ahí no hay castigos. ¿A qué cree que responde esa disparidad? ¿Hay clasismo?

No, yo creo que aquí han pasado dos cosas. La primera es que estamos en una etapa de implementación de la Ley de Seguridad Privada para todos los espectáculos masivos. Lo que pasa es que el fútbol históricamente había sido el espectáculo masivo que había tenido más regulación. La segunda es que, dado ese proceso de implementación, las exigencias para los organizadores se están pesquisando a partir de ahora, a partir de noviembre en el fondo, y es un mecanismo que vamos a seguir teniendo en los próximos años. Hay que ver dos tipos de distinciones que son relevantes. La primera tiene que ver con el organizador del evento, el que tiene determinado tipo de obligaciones, además de planificación para efectos de comunicar a la delegación; hay un régimen de garantía. Y la segunda, para los dueños de los establecimientos que permiten el desarrollo de esos espectáculos. Estoy hablando de centros destinados al efecto o bien de estadios o similares. Entonces, las obligaciones que nacen a partir de la Ley de Seguridad Privada están imponiendo exigencias adicionales a los organizadores (…) debiéramos ver cambios muy significativos para todo ese tipo de espectáculos, tanto para el organizador como para el dueño del establecimiento.

—En retrospectiva, ¿cree que la administración Boric cedió en algún momento ante la violencia o ante amenazas? Como la de un vocero de la Garra Blanca que motivó la suspensión de un superclásico.

No lo sé. Yo, por lo menos, mientras fui autoridad vinculado a propósito de los temas de seguridad… yo creo que el país ha llegado a un cierto consenso en que la violencia no es un medio para relacionarse, pero en segundo lugar, que es completamente ilegítimo utilizar la amenaza de la violencia para coaccionar a autoridades u organizaciones que tienen impacto de interés general. Creo que en eso no hay que perder la perspectiva. Eso vale para un espectáculo deportivo, como vale para la política (…) Y yo creo que en eso existe un determinado tipo de consenso sobre el punto, porque al final del día, lo que está en el desarrollo de espectáculos masivos de estas características tiene un propósito muy concreto, que es el desarrollar ese espectáculo, pero también mantener las condiciones de respeto, aun en eventos que puedan tener mucha agitación, pero que en ningún caso justifican ni el amedrentamiento verbal y, por cierto, menos aún físico. Yo creo que lo clave es que estamos en el consenso de que esa coacción verbal, física o potencial es completamente no solo reprobable, sino que inadmisible y que hay que tener reacciones contra quienes la formulan.

—Claro, está el consenso de que la violencia no es una forma válida en ningún aspecto, pero el hecho de ceder ante amenazas, ¿no es una señal de debilidad? ¿No lo fue?

No sé, no tengo el registro. Yo puedo referirme a las cosas en las cuales yo participé. A mí me parece que, más que un tema contingente, la pregunta es sobre cómo se ha actuado sobre la base de ese consenso que es clave. Lo voy a decir en los términos más simples, que fue lo que se planteó su oportunidad: que se desarrolle o no se desarrolle un espectáculo deportivo porque el organizador o el que está a cargo del evento masivo no cumple condiciones de seguridad, no es un problema de la autoridad; es responsabilidad de quien lo organiza y es frente a él que quienes participan son quienes tienen que reclamar. Las obligaciones de la autoridad están muy claras en un sentido determinado y yo creo que ahí es muy relevante que los organizadores y los dueños de los establecimientos internalicen también sus obligaciones.

La seguridad en Chile

—¿Cómo observa la baja de la percepción sobre la delincuencia en el país, según Cadem? Considerando que cambió la medición. La comparación salta más de un año. Desde agosto de 2024 hasta el inicio del gobierno de José Antonio Kast, y deja fuera todo 2025.

Yo prefiero que los especialistas en encuestas se pronuncien sobre ese tipo de cosas. Yo solo podría decir que Chile, desde el retorno a la democracia, tiene la seguridad y sus manifestaciones dentro de las primeras prioridades de los chilenos. Chile tiene un desacople muy grande entre el índice de victimización. De hecho, este índice estaba a la baja con la percepción de inseguridad que está muy alta. Esto no es de los últimos años, es de los últimos quince o veinte años donde tenemos mediciones. Por eso, volviendo al principio sobre los objetivos de la política de seguridad pública, los objetivos como política de Estado no son solo reducir los delitos violentos, sino que también reducir el índice de temor.

El temor produce impacto, las personas cambian hábitos, tiene impactos en el funcionamiento de la vida cotidiana y, en consecuencia, uno tiene que hacerse cargo. Por eso la política de seguridad tiene que abordar reducir delitos violentos, pero también reducir el índice de temor. Creo que hay que tener mucho cuidado con mirar una encuesta contingente cuando nosotros tenemos un problema muy, muy estructural. El índice de temor en la sociedad chilena es muy alto en las últimas décadas. Es un tema que nosotros debiéramos mirar con mucha preocupación y que excede de hecho la gestión sectorial del Ministerio de Seguridad. Hay que mirar también en una perspectiva un poquito más global.

—Ante las situaciones de violencia en colegios, ¿cuál es la aproximación que se debería tener? ¿Qué cartera debería liderar esa transformación? ¿Educación o Seguridad?

Hoy nosotros enfrentamos un fenómeno de violencia que no es solo física, sino que también digital, en un universo muy significativo en el contexto de la educación. Esto es un fenómeno que no solo está pasando en Chile, sino en distintas partes del mundo. El gran dilema está asociado a: ¿Lo enfrentamos como un problema de convivencia escolar o lo enfrentamos como un problema de seguridad pública? Ese debate Chile lo tiene desde Aula Segura, con el tema de Escuelas Protegidas; lo ha tenido y lo sigue teniendo respecto de los temas de overoles blancos… Esa tensión es muy compleja porque, por cierto, la cantidad importante de ese tipo de asuntos ha sobrepasado los temas de convivencia escolar. Por ejemplo, la situación de los liceos emblemáticos ya desbordó los temas de convivencia escolar y, por lo tanto, la intervención de la persecución penal es clave en ese ámbito, aunque sean adolescentes. En otros ámbitos donde nosotros hemos tenido situaciones que están vinculadas a intervenciones muy disruptivas en los establecimientos… entonces, ese equilibrio es muy complejo (…) Yo diría que las situaciones de violencia en establecimientos educacionales que estamos viviendo requieren distinciones. Hay algunas que están vinculadas a convivencia escolar y, por lo tanto, los instrumentos están asociados en términos muy específicos. La segunda tiene que ver con asuntos que están vinculados a temas de seguridad. Las intervenciones son muy distintas; yo creo que lo que podemos es cometer un error si creemos que todos los casos de violencia escolar deben ser tratados de la misma manera.

En general, lo que tenemos son realidades muy heterogéneas que requieren resoluciones también heterogéneas y diversas. Entonces, no es evidente que el protagonista sea educación o sea seguridad, porque en algunos casos será correcto, pero en otros podemos tener un sobregiro y generar consecuencias más negativas que positivas.

Las preocupaciones del exministro en materia de Derechos Humanos

—En términos generales, ¿cree que en esta administración puede haber un retroceso en materia de Derechos Humanos? Por recortes u otro tipo de decisiones.

Yo tengo ciertas preocupaciones, pero no simplemente por los temas de recorte presupuestario, porque yo creo que se pueden tener ajustes presupuestarios, pero seguir manteniendo la prioridad de su agenda. Los ajustes tienen que ver con una estrategia más global, pero no lo pueden hacer perder de perspectiva las prioridades, tanto del punto de vista de gestión como del punto de vista del relato simbólico. Yo creo que el ministro (Fernando) Rabat ha estado tratando de adecuar esos aspectos. Creo que en materia de derechos humanos tenemos que hacer tres distinciones. La primera tiene que ver con los temas de crímenes de la dictadura, donde es clave no solo el programa de Derechos Humanos, sino sobre todo por la importancia que tiene el Plan Nacional de Búsqueda, que es una política del Estado de Chile (…) En ese sentido, la reunión que tuvo (el ministro) la semana pasada con los jueces de dedicación exclusiva en materia de Derechos Humanos, donde estuvo focalizado en el tema del Plan Nacional de Búsqueda, es una señal de la importancia y continuidad del plan. En ese aspecto, probablemente yo creo que se han cometido algunos errores que tienen que ver con desprender equipos de personas que llevan mucho tiempo en el programa y que además no venían de la administración anterior, sino que venían mucho antes. Creo que cuando uno se desprende de ese tipo de personas, se desprende además de una capacidad del Estado y el Estado es el que pierde. A mí esas decisiones me han preocupado no solo por las personas a las cuales conozco, sino esencialmente por las capacidades que pierde el Estado en un tema que es muy relevante, que es el plan.

El segundo tiene que ver con la agenda de Derechos Humanos más específica y concreta en algunas de las dimensiones de reparación. Uno tiene que ver con la Comisión de Verdad en materia de violencia e infancia sujeta al Estado, más conocida como la comisión en el caso Sename (…) una política que, además, es de reparación, donde la construcción de la verdad por parte del Estado es una manera de reparar a las víctimas. Yo sí tengo una gran preocupación por la renuncia de los comisionados, por la manera en que se ha abordado; yo creo que reducir el presupuesto ahí para las entrevistas es muy complejo porque es muy relevante, en materia de reparación, entender que escuchar a las víctimas es una manera en que el Estado tiene de reparar. Yo todavía estoy esperando cuál es la propuesta del ministerio porque dejar esta situación en la situación intermedia va a provocarle más daño a las víctimas, y creo que sería una señal muy equivocada por parte del Estado, no del Gobierno del Estado de Chile.

Frente a las víctimas, la autoridad se enfrenta en representación del Estado, no en representación de un gobierno.

Y el tercero tiene que ver con el plan de Derechos Humanos que se retiró; el gobierno ha dicho que lo va a volver a reingresar y creo que es importante mantener observación sobre ese punto en lo que es una política de continuidad también del Estado de Chile. Para cerrar, uno, sobre todo cuando analiza los temas de Derechos Humanos desde la perspectiva de las víctimas, la autoridad nunca debe olvidar que frente a las víctimas la autoridad representa al Estado de Chile, no a un gobierno, y por eso creo que en situaciones como la de la Comisión de Verdad, espero que no agrave la relación con las víctimas, sobre todo como un mecanismo de profundizar la afectación respecto a obligaciones que el Estado debía haber cumplido oportunamente.