Más de 1,3 millones de hogares en Chile enfrentan algún grado de precariedad habitacional, de acuerdo con la primera estimación del Índice de Pobreza Habitacional (IPH) elaborado por TECHO-Chile a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2024.
El estudio revela que el 20,9% de los hogares del país —equivalente a 1 de cada 5— presenta al menos una carencia en dimensiones clave como condiciones materiales de la vivienda, acceso a servicios básicos o seguridad en la tenencia.
Un enfoque más amplio del déficit habitacional
El IPH busca ampliar la forma en que se mide el problema habitacional en el país, superando el enfoque tradicional centrado únicamente en la falta de viviendas.
Para ello, incorpora una metodología multidimensional basada en tres ejes: déficit habitacional, acceso a servicios básicos y tenencia de la vivienda. En una segunda etapa, se proyecta incluir también la dimensión de ingresos, utilizando información de la encuesta CASEN 2024.
Este enfoque permite no solo dimensionar la magnitud del fenómeno, sino también evidenciar su complejidad y las diferencias territoriales que lo caracterizan.
El informe muestra importantes desigualdades a nivel regional. La Región Metropolitana concentra el mayor número de hogares en situación de precariedad, con más de 412 mil casos, lo que representa el 30,4% del total nacional.
Le siguen las regiones de Valparaíso (11,1%), Biobío y La Araucanía (ambas con 7,6%). Sin embargo, es en el norte del país donde se registran los mayores niveles de precariedad habitacional, destacando Tarapacá (0,45), Arica y Parinacota (0,40) y Antofagasta (0,40).
El estudio también advierte que las formas de precariedad varían según la zona:
– En la zona centro predomina el déficit de viviendas.
– En el sur destacan las carencias en servicios básicos como agua y saneamiento.
– En el norte se observa mayor presencia de tenencia irregular.
“Emergencia habitacional” y llamado a políticas integrales
El director ejecutivo de TECHO-Chile, Gonzalo Rodríguez, señaló que este índice busca “subir la vara” en la medición de la problemática, al evidenciar que la precariedad habitacional no se limita a la falta de vivienda.
Según explicó, esta incluye situaciones como hacinamiento, falta de acceso a agua potable o incertidumbre sobre la permanencia en el lugar habitado.
“El índice nos permite dimensionar esa realidad en toda su complejidad y urgencia”, afirmó, enfatizando la necesidad de políticas públicas más integrales y adaptadas a cada territorio.
El IPH se proyecta como una herramienta clave para la toma de decisiones, al articular datos estructurales del Censo con información socioeconómica.
Entre los principales desafíos, el informe plantea avanzar hacia instrumentos que permitan diseñar políticas diferenciadas según el tipo de precariedad, reconociendo la diversidad de realidades que enfrentan los hogares en el país.
De esta forma, el estudio instala el concepto de una “emergencia habitacional” que, según sus autores, requiere ser abordada con una mirada más amplia y menos fragmentada.
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