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A solo un mes del vencimiento del plazo constitucional para responsabilizar a ministros del gobierno anterior, las derechas planean presentar acusaciones constitucionales contra los exministros Nicolás Grau y Carlos Montes. El Partido Republicano señala que Grau habría cometido errores fiscales con posible dolo, mientras que Montes enfrenta un complejo escenario por un informe crítico de la Contraloría sobre el Plan de Emergencia Habitacional. El actual ministro del Minvu, Iván Poduje, insta al Parlamento a tomar decisiones basadas en las razones expuestas.
Quedando solo un mes de plazo constitucional para hacer efectivas responsabilidades políticas de ministros del gobierno anterior, las derechas están evaluando ingresar dos acusaciones constitucionales contra los extitulares de Hacienda y Vivienda, Nicolás Grau y Carlos Montes.
El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, señaló que el comité oficialista está evaluando los “errores” que habría cometido Grau en materia fiscal y que observan un patrón que demuestra “dolo”.
“Sobre la situación del exministro Grau, nosotros hemos visto un patrón de errores donde podríamos llegar a pensar que existió dolo, dado lo importante de desvíos fiscales y una serie de otras cosas que estamos analizando”, dijo.
En el caso de Carlos Montes, el informe de la Contraloría General de la República por el Plan de Emergencia Habitacional lo tiene en una situación compleja. El actual ministro del Minvu, Iván Poduje, comentó que los diputados tienen que tomar una decisión y que hay razones.
“La Contraloría acaba de sacar un informe muy lapidario respecto a la compra de terreno. Hoy tenemos un déficit de 500 mil familias en terrenos vacíos, que se compraron a precios muy altos. Entonces, el Parlamento tiene que tomar una decisión y que hay bastantes razones para tomarlas”, sostuvo.
Recordemos que, una vez terminado un gobierno, los ministros de dicha administración pueden ser acusados constitucionalmente en un periodo de tres meses. En el caso de Grau, el exsecretario de Estado fue amenazado en reiteradas ocasiones en el último debate presupuestario, con una ofensiva en su contra.
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