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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó oficiar al Ministerio de Seguridad para exigir medidas especiales de protección a alcaldes amenazados por el crimen organizado. El diputado Cristián Araya del partido republicano lideró la iniciativa para resguardar a autoridades locales que han enfrentado intimidaciones al combatir el narcotráfico. Se mencionaron casos como el del alcalde de Peñalolén y la alcaldesa de Quinta Normal. Araya subrayó la necesidad de garantizar la seguridad de los alcaldes para que puedan cumplir sus funciones sin riesgos, destacando que el Estado debe proteger a quienes defienden a sus comunidades de organizaciones criminales.

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó por unanimidad oficiar al Ministerio de Seguridad para exigir la adopción de medidas especiales de protección en favor de alcaldes que han sido amenazados por el crimen organizado en sus comunas.

La iniciativa fue dada a conocer por el presidente de la instancia, el diputado republicano Cristián Araya, quien explicó que la solicitud apunta a resguardar a autoridades locales que han enfrentado intimidaciones tras impulsar acciones contra el narcotráfico.

“La comisión ha estimado indispensable solicitar al Ministerio de Seguridad que adopte todas las medidas necesarias para proteger a aquellas autoridades comunales que hoy están siendo objeto de amenazas graves por ejercer su deber y enfrentar con decisión al crimen organizado”, sostuvo el parlamentario.

Según detalló Araya, la decisión surge a partir de casos recientes de amedrentamiento contra jefes comunales, mencionando situaciones que han afectado al alcalde de Peñalolén y a la alcaldesa de Quinta Normal, quienes han debido enfrentar presiones tras adoptar medidas contra redes delictuales.

En esa línea, el legislador advirtió que el Estado debe garantizar condiciones de seguridad para que las autoridades puedan ejercer sus funciones sin riesgos.

“El Estado no puede permitir que quienes lideran la defensa de sus comunidades queden expuestos frente a organizaciones criminales. Proteger su integridad física y garantizar que puedan desarrollar su labor con seguridad es una obligación ineludible”, enfatizó.

Finalmente, Araya recalcó que el oficio busca enviar una señal de respaldo institucional a los alcaldes amenazados, subrayando que el combate al crimen organizado requiere no solo voluntad política, sino también apoyo concreto a quienes enfrentan este fenómeno en el territorio.