La Red de Centros de Pensamiento Progresista presentó ante las y los parlamentarios de oposición un balance del primer mes de política económica del Gobierno del presidente José Antonio Kast.
El informe fue elaborado por un grupo de economistas del sector, y concluye que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en materia económica “carecen de una estrategia coherente”.
Asimismo, advierte que estas medidas trasladan el costo de la crisis internacional a las familias chilenas y anticipan un escenario de menor crecimiento, mayor inflación y aumento del desempleo y la pobreza.
Centros de Pensamiento Progresista acusan que decisiones económicas del Gobierno carecen de estrategia
El análisis identifica como principal error de gestión la decisión de eliminar la amortiguación del MEPCO y traspasar el alza del precio internacional del petróleo a las familias y empresas chilenas.
Así, el informe concluye que la decisión no fue una necesidad fiscal: fue una opción ideológica cuyos costos pagan los de siempre.
El documento también advierte que el alza de los combustibles tiene efectos directos y acumulativos en las familias, elevando la inflación, encareciendo bienes básicos y aumentando el costo de los créditos.
También cuestiona la reforma tributaria impulsada por el Gobierno, señalando que la rebaja del impuesto corporativo reduciría los ingresos fiscales y beneficiaría principalmente a los sectores de mayores ingresos.
Bajo ese contexto, el senador del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, advirtió que la rebaja del impuesto corporativo podría generar un déficit cercano al 1% del PIB, reduciendo significativamente la recaudación fiscal.
El informe finaliza con un llamado a revisar el rumbo de la política económica, advirtiendo que, de mantenerse las actuales decisiones, podrían profundizarse los efectos negativos sobre las familias y las finanzas públicas, en un contexto que ya se anticipa complejo para el país.
Así, desde la oposición insisten en la necesidad de impulsar medidas que prioricen la estabilidad económica y la protección del poder adquisitivo, de cara al debate que se abrirá en el Congreso sobre las próximas reformas del Ejecutivo.
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