Los diputados del Frente Amplio (FA) presentaron una denuncia en Contraloría y piden aplicar sanciones por la polémica imagen difundida en las redes sociales del gobierno donde aseguraban que el Estado está en quiebra.
El requerimiento lo presentaron los parlamentarios Constanza Schonhaut, Ignacio Achurra y Jaime Bassa, en representación de la bancada del Frente Amplio, donde piden que se establezcan las eventuales responsabilidades del jefe estratégico de comunicación y contenidos de la Presidencia de la República, Cristian Valenzuela, y del Ministerio Secretaría General de Gobierno ante el uso irregular de cuentas institucionales, difusión de información falsa y faltas a la probidad y a la fe pública.
Sobre la denuncia se refirió el diputado Ignacio Achurra, indicando que “las expresiones públicas que se han hecho en canales oficiales del gobierno señalando que Chile estaría en un estado de quiebra dañan la imagen país, dañan la reputación de Chile“.
“Chile es un país serio, reconocido a nivel internacional por su solidez institucional, su solidez económica y el gobierno, a través de canales institucionales, no se puede permitir señalar algo que además es completamente falso”, añadió y pidió conocer quién está mandando y llevar las comunicaciones al interior del gobierno.
Por su parte, la diputada Constanza Schonhaut expuso que “vinimos a hacer una denuncia, solicitando a Contraloría que curse las sanciones correspondientes a todos los funcionarios y autoridades que correspondan, porque aquí, cuando se hace una afirmación de esas características, se hace una falsedad que confunde a la ciudadanía”.
El parlamentario Jaime Bassa profundizó su crítica sobre la actual administración: “Parece que el gobierno no se enteró de que la campaña terminó. Hoy día el presidente Kast es el presidente del país, es el presidente de todos los chilenos. No está en campaña y el aparato estatal, gubernamental, no puede ser utilizado de ese modo, como si estuviéramos en campaña, como si fuera un aparato de propaganda de un partido político”.
Junto con eso, insistió en que “el gobierno tiene una responsabilidad democrática mínima en resguardar la fe pública y que seamos capaces de confiar como ciudadanía en las instituciones sin difundir falsedades, sin desinformar y sin entorpecer la comunicación política. En democracia, el diálogo es clave y, para que pueda haber diálogo, tenemos que reconocer al otro como un interlocutor veraz, que nos habla con la verdad”.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que los diputados solicitaron a la contralora general de la república, Dorothy Pérez, admitir la denuncia, investigar y aplicar las sanciones administrativas a quienes resulten responsables en la configuración de estas acciones que le causan un daño a los fines de la Administración del Estado.
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