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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Hoy, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, presentó la cuenta pública del Poder Judicial e inauguró el año judicial 2026. Reconoció una crisis de probidad y transparencia sin precedentes, destacando la destitución de tres ministros en relación a casos como el de Luis Hermosilla y la trama bielorrusa. Chevesich expresó vergüenza y conmoción por los hechos, resaltando la importancia de restaurar la confianza institucional. Se han implementado medidas preventivas, como el nuevo Código de Ética Judicial y mejoras en la gestión administrativa y control de causas.

Esta mañana de lunes, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, encabezó la cuenta pública sobre la gestión del Poder Judicial e inauguró el año judicial 2026.

En la instancia, la representante del máximo tribunal reconoció la crisis en materia de probidad y transparencia, calificando los hechos como “de una gravedad sin precedentes” y que les averguenzan, además de que el impacto —dijo— aún se encuentra en desarrollo.

Recordemos que, en tres años, tres ministros han sido destituido de sus funciones por sus vínculos con casos como el de Luis Hermosilla y la denominada trama bielorrusa: Ángela Vivanco y Sergio Muñoz en 2024, además de Diego Simpertigue en 2025.

“Hemos atravesado una crisis, eso es indudable. Los acontecimientos ampliamente conocidos que hoy están siendo incluso perseguidos penalmente y que han comprometido la imagen y confianza institucional, son de una gravedad sin precedentes”, comenzó diciendo Chevesich.

Agregando “nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor, lo que resiente en forma especial el ánimo de miles de funcionarios que día a día, con esmero y entrega, son el rostro directo del Poder Judicial frente a una sociedad cuya confianza ha sido defraudada. Comprendemos y empatizamos absolutamente con esos sentimientos”.

Igualmente, la presidenta de la Suprema aseguró que “así como nadie puede dudar de la enorme gravedad de los hechos conocidos, cuyo impacto aún se encuentra en desarrollo, tampoco se puede desconocer que han operado los mecanismos institucionales para ponerles fin y excluir de la función jurisdiccional a quienes han traicionado los principios básicos de la probidad”.

“Por nuestra parte, tanto en el ámbito disciplinario como ético se pusieron en ejecución los procesos que han contribuido al esclarecimiento de estas situaciones, culminando con la desvinculación de algunos integrantes de la judicatura. En otros casos, fue el Congreso Nacional el que, conociendo de los mismos, adoptó los procedimientos y decisiones propias previstas por la Constitución”, señaló en la instancia.

Medidas de prevención

Acto seguido, Chevesich explicó que también se han impulsado diversas medidas para prevenir este tipo de esas situaciones. Una de ellas, ejemplificó, la aprobación del nuevo Código de Ética Judicial, “que es claro en relevar la probidad como la conducta intachable, el desempeño honesto y leal de la función, y que la opción por la judicatura es por el servicio público, lo que exige de nosotros, juezas y jueces, subordinar nuestros intereses particulares al bien común”.

“Quien no comprenda esto o no esté dispuesto a asimilarlo debe saber que no tiene, ni puede llegar a tener, un espacio en la judicatura”, dijo.

A lo anterior se suma la revisión y actualización de la normativa referente a la integración de las salas y a la regulación de las preferencias para la vista de las causas en la Corte Suprema; la creación de una Sección de Control de Gestión de Causas; y otra de Control de la Gestión Administrativa, ambas en este tribunal.

“Todo esto, acompañado de numerosas medidas de fiscalización en el ámbito de la contratación pública llevada a efecto por la Corporación Administrativa del Poder Judicial”, contó.

En este punto, la ministra de la Corte Suprema concluyó que “se encuentra en ejecución el plan “Justicia Abierta”, como parte del compromiso adquirido por el Poder Judicial en el Sexto Plan de Estado Abierto, para profundizar la transparencia, el acceso a la información judicial y la participación ciudadana en el servicio de justicia”.