La Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial (OTJ) presentó una denuncia formal ante el Pleno de la Corte Suprema solicitando la apertura de un sumario administrativo por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato informático por más de $472 millones.
La acción apunta contra las ministras Adelita Ravanales Arriagada y María Gajardo Harboe, a quienes la organización atribuye responsabilidades en la asignación, vía trato directo, de un contrato para la modernización del Portal Unificado de Sentencias a la empresa Replai SpA.
Según expone la OTJ, al momento de la adjudicación, la firma beneficiada tenía solo un año de existencia, no contaba con experiencia previa comprobable, no registraba facturación y carecía de respaldo financiero suficiente para emitir boletas de garantía. Pese a ello, el Poder Judicial habría justificado la contratación invocando la causal de “confianza derivada de experiencia comprobada”, argumento que —a juicio de la organización— no se cumpliría en este caso.
La denuncia recoge y amplía antecedentes publicados por BBCL Investiga, donde se detalla el rol que habrían tenido ambas ministras en la promoción del proyecto ante el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).
Entre los hechos mencionados, se incluye su participación en sesiones extraordinarias y la presentación directa de representantes de la empresa ante dicha instancia.
Asimismo, el documento cuestiona la posterior autorización de mecanismos de garantía alternativos, luego de que la empresa no pudiera acceder a instrumentos financieros tradicionales, situación que —según la OTJ— debió haber impedido la adjudicación del contrato.
En el escrito también se señala que en enero de 2024 se intentó ampliar el contrato por montos superiores a los $1.000 millones, iniciativa que finalmente no prosperó. Además, se acusa que frente a denuncias internas por eventuales irregularidades, se habrían promovido acciones para investigar al denunciante, lo que la organización interpreta como un intento de inhibir la fiscalización interna.
La OTJ sostiene que los hechos podrían configurar graves responsabilidades disciplinarias, entre ellas el incumplimiento de la normativa de compras públicas, vulneración del principio de probidad, uso indebido de influencias, falta de abstención, manejo imprudente de recursos públicos y contravención al Código de Ética Judicial.
Por lo anterior, la organización solicitó la apertura inmediata de un sumario administrativo, la suspensión de las ministras mientras dure la investigación y la aplicación de las máximas sanciones que contempla el ordenamiento jurídico, en caso de acreditarse las responsabilidades.
Finalmente, pidió ser notificada formalmente de las resoluciones que adopte la Corte Suprema en el marco de esta denuncia.
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