A través de una declaración pública, desde las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos manifestaron preocupación y un “estado de alerta” ante el posible arribo de Fernando Rabat, exabogado del dictador Augusto Pinochet, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante la administración de José Antonio Kast.
Lo anterior, sostienen, porque “el señor Fernando Rabat integra el estudio jurídico Rodríguez, Vergara y Compañía, fundado por Pablo Rodríguez Grez, líder y fundador de la organización terrorista Patria y Libertad, responsable, entre otros crímenes, del alevoso asesinato del Comandante en Jefe del Ejército de Chile, René Schneider”.
“Asimismo, en su calidad de integrante de este estudio, el señor Rabat fue parte del equipo jurídico encargado de la defensa del dictador Augusto Pinochet”, complementan.
Agregando “rechazamos categóricamente este posible nombramiento por un deber ético y moral. Resulta inaceptable que un abogado que defendió al dictador Pinochet, responsable de instaurar durante 17 años una dictadura civil-militar sanguinaria, pueda encabezar una cartera encargada de velar por la justicia y los derechos humanos”.
Acto seguido, expresan “desde sus orígenes, como Agrupaciones, hemos transitado un largo y doloroso camino en la búsqueda de verdad, justicia y memoria. Sin embargo, durante los 36 años de postdictadura, el Estado no ha demostrado la misma convicción ni ha garantizado efectivamente la no repetición de los crímenes cometidos”.
En la misiva, las agrupaciones hacen un llamado directo al presidente electo. “Señor José Antonio Kast: el posible nombramiento de Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos constituye una ofensa directa a la memoria de las víctimas de la dictadura y a sus familiares. Con ello, usted reafirma una trayectoria de apología de la dictadura y un compromiso con la impunidad, expresado reiteradamente en su discurso al promover la liberación de violadores de derechos humanos condenados por crímenes aberrantes contra nuestros familiares”.
“Nuestra respuesta como Agrupaciones será, como siempre, continuar luchando incansablemente por la verdad y la justicia para nuestros familiares detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y por la verdad y justicia para las más de 1.400 víctimas de desaparición forzada, a quienes aún se les niega el derecho básico de saber dónde están. Esa ha sido nuestra trayectoria, nuestro compromiso irrestricto y será también el legado que entregamos a las nuevas generaciones y a la memoria histórica de nuestro país”, concluyen.
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