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El Congreso ve con preocupación la falta de una postura clara del Ejecutivo frente al proyecto que busca eliminar multas por circular sin TAG. Aunque el Gobierno se opone, no ha participado activamente en su discusión, generando malestar en oficialismo y oposición. Expertos advierten que la propuesta podría vulnerar la Constitución al eximir obligaciones que solo el Presidente puede modificar. La iniciativa ha sido aprobada en general, generando inquietud por posibles impactos fiscales y operativos. La ministra de Obras Públicas señala que el Gobierno aún no define sus próximos pasos, mientras diputados instan a clarificar posturas.
Crece el malestar en el Congreso debido a que el Ejecutivo aún no define una posición explícita respecto del proyecto que suprime las multas por circular sin TAG. Expertos señalan que la propuesta podría vulnerar la Constitución, ya que la facultad de eximir este tipo de obligaciones recaería únicamente en el Presidente de la República.
Aunque el Gobierno ha expresado su oposición al proyecto que elimina las multas por circular sin TAG, no ha participado activamente en su tramitación legislativa. Una inacción que ha provocado descontento tanto en el oficialismo como en la oposición.
La semana pasada la iniciativa fue aprobada en general, lo que generó preocupación en el ámbito político, entre las concesionarias y en los municipios, debido a los posibles impactos fiscales y operativos que implicaría para el sistema.
En declaraciones a El Mercurio, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, indicó que el Gobierno aún no ha determinado cuáles serán los próximos pasos.
Desde el Congreso, no obstante, cuestionaron la falta de una postura definida por parte del Ejecutivo.
Tanto el diputado del Frente Amplio, Jaime Saéz, como el republicano Juan Irarrázaval, instaron a clarificar posiciones.
El Gobierno, sin embargo, ha optado por dar más tiempo a la tramitación mientras evalúa si insistir en la inconstitucionalidad de la propuesta, tal como había sugerido el propio Ejecutivo en una minuta difundida durante abril.
El constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la UC, Arturo Fermandois, afirmó que el sistema de cobro y la multa por el no pago es un tributo y, por ende, calificó como indispensable que exista una iniciativa exclusiva del Presidente de la República para modificarlo.
Coincidió el académico en derecho de la Universidad de Santiago, Felipe Lizama, quien señaló que la exención de una tasa o cargas en curso podría dar pie a una reserva de constitucionalidad.
No obstante, la propuesta autoría del diputado Jaime Mulet seguirá su curso en la Comisión de Obras Públicas, ya que fue objeto de indicaciones luego de su paso por la Sala de la Cámara Baja.
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