Tras avanzar en la cámara baja el proyecto que busca eliminar las multas por transitar sin TAG (Boletín 16.346), desde el sector de la infraestructura advirtieron severas consecuencias que podría tener la aprobación de la iniciativa.
Recordemos que, actualmente, un vehículo que circula sin TAG en autopistas concesionadas que cuenten con cobros electrónicos por viaje deben pagar una multa de una UTM, equivalente a $69.542 a la fecha. El proyecto, cuya discusión fue aprobada, busca eliminar esa sanción.
No obstante, esto podría traer un daño para la sostenibilidad de la industria de las concesiones, además de encarecer las ofertas para futuras licitaciones y obligar el regreso de los peajes manuales en carreteras interurbanas. Así lo consignaron expertos del sector, en diálogo con El Mercurio.
Las advertencias de Gloria Hutt
Gloria Hutt, exministra de Transportes y actual presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), planteó que “la eventual aprobación de este proyecto de ley es profundamente dañina para la sostenibilidad de largo plazo de la industria”. Esto, porque no afectaría solamente a los contratos actuales, sino que también a nuevos contratos.
Además, alertó que “en el caso de autopistas interurbanas, podría obligar a volver a los peajes manuales. En las urbanas no hay esa alternativa, de manera que es un deterioro directo y claramente es necesario evaluar el impacto que tiene tanto en la calidad de servicio como en la estabilidad de los contratos durante todo el período de concesión que todavía falta”.
Hutt sumó que la eliminación de las multas de TAG también afectará a la recaudación de municipios, no obstante, destacó que “todavía hay varias instancias en las cuales se puede profundizar la discusión, midiendo debidamente el impacto grave que genera para el desarrollo potencial de infraestructura en el país”.
Otras alertas desde el sector
Por otra parte, Loreto Silva, exministra de Obras Públicas, afirmó —al citado medio— que de aprobarse el proyecto “afectará significativa y negativamente la disponibilidad de pago de los usuarios, lo cual conlleva un mayor riesgo para los inversionistas”.
De esa forma, dijo que podrían reducirse los interesados en participar en futuras licitaciones, ya que las obras podrían encarecerse.
“Cada vez que se introduce más riesgo al sistema, este se valora e integra a las ofertas, lo cual al final termina afectando a los usuarios y, en especial, a aquellos que sí pagan la tarifa”, acotó.
En tanto, Leonardo Daneri, expresidente de Copsa, fue más categórico y sostuvo que la aprobación de la iniciativa sería “una catástrofe peor que los retiros de las AFP”.
“Equivale a que un diputado proponga que las empresas de servicio no corten el suministro si los clientes no pagan. Eso aumenta la morosidad y las empresas quiebran”, planteó, concluyendo que —además— la iniciativa podría causar “juicios gigantescos para el Estado”.
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