El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó una querella en contra de Alberto Larraín, el psiquiatra de 43 años, fundador de la polémica fundación ProCultura.
En este sentido, la acción judicial se extiende en contra de todos aquellos que resulten
responsables por la comisión del delito de Distracción Indebida de Fondos.
Cabe recordar que la Fiscalía investiga el financiamiento por parte de ProCultura de las campañas de al menos dos candidatos. Se trata de Sebastián Balbontín (quien postuló a alcalde de Limache y a core por Revolución Democrática y luego el Frente Amplio) y de Elizabeth Aguilera (que postuló a la convención constituyente por Independientes No Neutrales).
De acuerdo a información recopilada por este medio, el director de ProCultura, Alberto Larraín, habría transferido entre julio de 2021 y enero de 2024 $53.442.000 desde su cuenta a la de Balbontín, quien según fiscalía sería su actual pareja.
En el caso de Elizabeth Aguilera, se trató de un único depósito el 24 de marzo de 2021, por $1 millón. En ese entonces y hasta ahora, fungía como presidenta de la Mesa Ciudadana de Patrimonio, Cultura y Turismo de Lota.
CDE en contra de Larraín
Dentro del documento judicial, al cual tuvo acceso BioBio, se expone que “los querellados Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz, en representación legal de la Fundación Procultura, recibieron $1.683.788.000 del patrimonio fiscal, con el destino y uso exclusivo de solventar el proyecto “Quédate” para la prevención del suicidio“.
“Sin embargo, la fundación distrajo una parte importante de este dinero, utilizándolo indebidamente, lo que significó separarlo de su objeto convenido. Este desvío de finalidad impidió la correcta ejecución del proyecto y vulneró la obligación contractual de la fundación de mantener los recursos disponibles y restituirlos inmediatamente al Gobierno Regional si así lo requería”, agrega.
Además, detallan que “el Gobierno Regional Metropolitano declaró el término anticipado del convenio por incumplimiento, falta de rendición, y debido a que los fondos habían sido distraídos (…) La liquidación posterior determinó que el perjuicio patrimonial causado al Estado de Chile asciende a la suma de $1.015.283.548, dinero que, al haber sido desviado, no ha sido devuelto hasta la fecha”.
Finalmente, el CDE – de la mano de la querella – solicitó diligencias varias, como la remisión de antecedentes, despachar orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos, entre otros.
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