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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Asociación Nacional de Fiscales, que engloba al 90% de los persecutores en Chile, llevó a cabo una jornada de reflexión denunciando la falta de respuesta del Gobierno a sus demandas y la urgencia de medidas para enfrentar la sobrecarga laboral en el Ministerio Público. La presidenta del gremio, Patricia Ibarra, criticó la falta de audiencias con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y la ausencia de incentivos al retiro y una carrera funcionaria permanente. Destacaron que, a pesar de un aumento del 20% en causas en 2025, la dotación de fiscales no ha crecido. Advierten que el escaso aumento del presupuesto limita su capacidad de persecución penal y afecta la atención a las víctimas.

La Asociación Nacional de Fiscales, que agrupa al 90% de los persecutores del país, realizaron una jornada de “reflexión”, acusando al Gobierno de ignorar sus demandas y reiteró la urgencia de medidas para enfrentar la sobrecarga laboral que afecta al Ministerio Público.

La presidenta del gremio, Patricia Ibarra, explicó que desde mayo han solicitado audiencias con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sin obtener respuesta.

En ese sentido, sostuvo que los persecutores no cuentan con incentivo al retiro ni con una carrera funcionaria permanente, “pese a múltiples gestiones ante el Ejecutivo”, señaló.

Según cifras de la asociación, en 2024 ingresaron 1.600.000 causas y este año ya se registra un aumento del 20%, sin que se haya incrementado la dotación de fiscales.

Ibarra cuestionó además el escaso aumento del presupuesto del Ministerio Público, lo que, afirmó, agrava la falta de recursos para enfrentar la creciente carga de trabajo y limita la capacidad de persecución penal.

La jornada nacional de reflexión, realizada de manera simultánea en los centros de justicia de todas las regiones, buscó visibilizar estas demandas y denunciar la falta de respuesta del Ejecutivo.

El gremio advirtió que la ausencia de soluciones concretas pone en riesgo la atención a las víctimas y la eficacia de las investigaciones.

Debido a la movilización, las causas tuvieron un retraso en algunos casos de dos horas, incluida la del caso “Muñeca Bielorrusa”.