Urgen por compra de incineradores tras fallas detectadas por Contraloría en eliminación de drogas

Este es el debate que se ha planteado luego de que Contraloría informara sobre diversas irregularidades detectadas en el cuidado y posterior destrucción de drogas y sustancias incautadas por las policías.

Tal como adelantó la contralora Dorothy Pérez en ENADE 2025, los informes del ente fiscalizador demuestran deficiencias como discrepancias entre los pesos de las sustancias decomisadas, errores de transcripción de registros, infraestructuras insuficientes para la custodia de drogas, retrasos en el envío de resultados de análisis al Ministerio Público e incumplimientos de los plazos para la destrucción de la droga.

Cabe destacar que, según la Ley 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos, son los servicios de salud del país los encargados de la custodia y destrucción de estas sustancias luego de su confiscación.

Sin embargo, desde distintos frentes se ha puesto en duda que sean funcionarios de la salud quienes deban encargarse de estas tareas, particularmente por su falta de preparación.

Contraloría detecta inconsistencias en resguardo y eliminación de drogas

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, ha indicado que la mencionada ley contiene un desarreglo legal, debiendo ser el Ministerio del interior y no el Ministerio de Salud el que se encargue del cuidado y eliminación de la droga incautada.

Tal como señala el exministro Mañalich, existirían diversas falencias que dificultan el cumplimiento de las tareas de custodia y destrucción de sustancias ilícitas por parte de dependientes de los servicios de salud.

Ejemplos de lo anterior es la ausencia de un presupuesto reservado para la realización de esta actividad, la falta de preparación de los funcionarios encargados, y la escasez de herramientas adecuadas.

Esta visión es compartida también por quienes se desempeñan en el ámbito del derecho penal. Los abogados y exfiscales Raúl Arancibia y Pedro Orthusteguy se refirieron a este tema.

Un diagnóstico que se repite es la falta de hornos con capacidad para la quema de grandes cantidades de droga y que permitan, de esta manera, que los servicios de salud puedan cumplir con los plazos legales, que son de entre 24 y 48 horas desde su recepción.

Piden acelerar compra de incineradores de droga

En este sentido, el diputado del PPD y miembro de la comisión de seguridad pública, Jaime Araya, indicó que es urgente que se implemente un programa de compra de incineradores de drogas.

Cabe destacar que no es la primera vez que este asunto se toma el debate.

En diciembre del año 2024 la Contraloría emitió informes que daban cuenta de graves cantidades de acopio de droga en lugares no habilitados para su seguridad y conservación, así como demoras en la eliminación de estas sustancias.

En aquella oportunidad, el gobierno aseguró que se implementarían medidas de corto, mediano y largo plazo para regularizar la situación. Sin embargo, menos de un año después, se evidencia que nada ha cambiado.