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El suspendido fiscal de la región de Aysén, Carlos Palma Guerra, quedó con medida cautelar de arraigo nacional por ser formalizado por filtración de información reservada en una causa por tráfico de drogas. La Fiscalía expuso que Palma difundió datos confidenciales a un abogado ajeno al caso, Luis Hermosilla. La audiencia se dio tras la querella confirmada por la Corte Suprema. La defensa alega que no hubo delito, colaborando con la investigación.
Con la medida cautelar de arraigo nacional quedó el suspendido fiscal de la región de Aysén, Carlos Palma Guerra, tras ser formalizado por el delito de filtración de información reservada en una causa por tráfico de drogas.
La audiencia se desarrolló el viernes en el Juzgado de Garantía de Coyhaique y se materializó luego de que la Corte Suprema confirmara la querella presentada por la Fiscalía de Los Lagos en contra del imputado.
En la audiencia de formalización de cargos, el ente persecutor expuso que el 20 de octubre de 2022, el entonces fiscal regional tomó conocimiento de que se realizaba, de forma telemática, una audiencia de control de detención ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, por delitos contemplados en la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de drogas.
Pese a no intervenir en dicha audiencia, el imputado habría difundido y divulgado información reservada de la investigación a un tercero ajeno al procedimiento: el abogado Luis Hermosilla.
Asimismo, de acuerdo con la investigación, Palma remitió al abogado una grabación telefónica obtenida con autorización judicial, evidencia que aún no había sido presentada en audiencia, advirtiéndole el carácter reservado del material que le compartía.
La Fiscalía pidió la medida cautelar de arraigo nacional, a lo que se sumó el Consejo de Defensa del Estado y que allanó la defensa.
La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, recordó que la formalización fue posible tras la confirmación de la Corte Suprema, en la cual se acreditó que Palma entregó antecedentes de una causa penal a personas no autorizadas, en el proceso judicial.
El defensor regional de Aysén, Jorge Moraga, y el defensor público, Cristián Cajas, sostuvieron que no existe delito alguno, aunque se allanaron a la medida con el objetivo de colaborar con la investigación.
Cajas agregó que la conducta atribuida al fiscal no constituye delito, ya que la causa en cuestión no era secreta al momento de los hechos.
De esta forma, el fiscal Carlos Palma llegará suspendido e imputado a su último día como persecutor regional de Aysén, cuando deje formalmente su cargo el lunes 13 de octubre.
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Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
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dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)
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