Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
El proceso de expropiación de la ex Colonia Dignidad se hace realidad con la firma del decreto por parte de los ministros de Justicia, Vivienda y Bienes Nacionales. Este hito, parte de los compromisos del presidente Gabriel Boric, convertirá los terrenos en un sitio de memoria de acceso público y permanente, como recomendaba el INDH. Se pretenden declarar Monumento Histórico áreas clave como la casa de Paul Schäfer y el hospital, para lo que se iniciará una etapa pericial que tomaría dos meses. Una vez determinado el valor de los terrenos, el Estado pagará a los propietarios, principalmente sociedades inmobiliarias y personas jurídicas.
La expropiación de la ex Colonia Dignidad es una realidad. Este lunes, los ministros de Justicia, Vivienda y Bienes Nacionales, firmaron el decreto que dio inicio al proceso para convertir los terrenos en un sitio de memoria, de acceso público y permanente.
Este hito responde a uno de los compromisos asumidos por el presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública del año 2024, y también responde a una de las recomendaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su informe sobre vulneración de Derechos Humanos al interior de la actual Villa Baviera.
De hecho, el mandatario compartió un link de la noticia del portal de noticias alemán, Deutsche Welle, con un escueto mensaje en la red social X: “Cumplimos!”.
Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, explicó que el proceso se ejecutará dentro del mandato del actual gobierno.
Las áreas intervenidas fueron declaradas Monumento Histórico en 2016, y comprenden sectores clave como la casa de Paul Schäfer, el hospital, la bodega de papas, la zona de fosas, el estero El Hualle, lugar fueron arrojadas cenizas de víctimas, y los caminos que interconectan los polígonos.
El proceso contempla una etapa pericial inicial que podría demorar cerca de dos meses, según explicó el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Una vez determinado el valor de los terrenos, el Estado pagará a los propietarios de los predios, que en este caso corresponden sociedades inmobiliarias y personas jurídicas, según explicó el ministro Gajardo.
Las autoridades enfatizaron que este no es un acto simbólico ni político, sino un paso concreto para garantizar memoria y reparación. Cabe destacar que el sitio estará administrado por una futura corporación público-civil que asegure su continuidad y acceso.
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