La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el informe de la comisión mixta que destrabó el proyecto de ley que modifica el sistema notarial y registral, iniciado en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. La iniciativa, que lleva más de siete años en trámite, fue enviada al Senado para su última revisión antes de convertirse en ley.
Uno de los puntos más polémicos fue el rechazo a un artículo que establecía un régimen especial para dividir el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Según críticas de parlamentarios, el mecanismo propuesto era tan estricto que, en la práctica, impediría su fragmentación. Con esta decisión, la institución capitalina quedará sujeta a las mismas reglas que los conservadores del resto del país.
La votación finalizó con 50 votos a favor, 33 en contra y 33 abstenciones, reflejando divisiones al interior de los bloques políticos.
Diputados critican “monopolio vergonzoso”
En el debate, la diputada Javiera Morales (FA) expresó su frustración. “Acá había una norma que aprobó la Cámara para que cualquier oficio, en Santiago, Punta Arenas o el norte, pudiese dividirse si los informes técnicos lo sugerían. Lamentablemente, en la comisión de Constitución nos encontramos con una norma que prohibía la división del Conservador de Santiago”, expuso.
El diputado republicano Luis Sánchez sumó críticas al sistema actual. “La cantidad de plata que ganan cada uno de los tres caballeros que dirigen el Conservador de Santiago es algo grosero, vergonzoso. No hay otra persona en Chile que se enriquezca tanto por un cargo monopolizado por el Estado”, sostuvo.
En tanto, Miguel Ángel Calisto (Ind-Demócratas), presidente de la comisión de Constitución, defendió el acuerdo. “Se ha regulado un marco que permite al Presidente de la República, previos informes técnicos, dividir el oficio de Santiago en hasta cuatro nuevos”, explicó. Calisto fue uno de los 50 diputados que respaldaron la norma.
Nuevas regulaciones: inhabilidades, digitalización y jubilación a los 75 años
Entre las normas aprobadas destacan la inhabilidad para parientes hasta tercer grado de autoridades políticas, nombramientos por Alta Dirección Pública, digitalización de trámites, tarifas fijadas por el Ministerio de Justicia y jubilación obligatoria a los 75 años para funcionarios.
El proyecto ahora deberá ser ratificado por el Senado. De superar este último trámite, se convertirá en ley, cerrando un proceso que busca modernizar y transparentar el sistema notarial.
El diputado Roberto Arroyo presentó una reserva de constitucionalidad sobre un punto específico -denuncia discriminación a la obligatoriedad del tope de edad-, aunque no detuvo el avance de la iniciativa.
Enviando corrección, espere un momento...
