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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó el informe de fiscalización del acceso a la información pública del año 2024, evaluando a las 345 municipalidades de Chile, obteniendo un promedio general de cumplimiento del 78,1%, mostrando un descenso de 1,2 puntos respecto al período anterior. Se destacó que municipios como María Elena, Vicuña, María Pinto y Calama presentaron puntuaciones críticas, mientras que Providencia, O’Higgins, Osorno y Freirina alcanzaron el 100% de rendimiento. Se señaló que áreas como contratos formalizados, pasivos de corporaciones municipales y mecanismos de participación ciudadana presentan altos niveles de incumplimiento. A nivel regional, Antofagasta, Arica y Parinacota, y Coquimbo obtuvieron los puntajes más bajos, mientras que Atacama, Aysén y Los Lagos lideraron con altos niveles de cumplimiento. El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, enfatizó la importancia de garantizar la transparencia activa en el país y aplicar medidas correctivas para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, indicando que el 100% de cumplimiento es un deber. El informe también destaca la implementación de planes de acción específicos y la capacitación del personal como medidas correctivas para mejorar el cumplimiento, con la advertencia de posibles sanciones para quienes no cumplan con las exigencias. El CPLT notificará los resultados a la Contraloría General de la República y al Congreso Nacional para el seguimiento de las medidas correctivas.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó el informe de fiscalización de acceso a la información pública, año 2024, el cual evaluó a las 345 municipalidades del país.

Según sostiene el texto, la intervención puntuó un promedio general de cumplimiento del 78,1%, lo que, a su vez, implica un descenso de 1,2 puntos respecto al período 2022-2023.

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Sobre los puntos más críticos, la evaluación indica que las municipalidades con puntuaciones más críticas son María Elena (2,82%), Vicuña (45,18%), María Pinto (45,76%) y Calama (46,06%).

Por el contrario, los municipios que destacan en cumplimiento y que, por ende, alcanzan el 100% de rendimiento, son Providencia, O’Higgins, Osorno y Freirina.

Otro punto analizado fue el de materias con mayores niveles de incumplimiento, donde los contratos formalizados mediante órdenes de compra alcanzaron un 37,24%; los pasivos de corporaciones municipales un 27,91%; y los mecanismos de participación ciudadana en ejecución un 22,6%.

Estos datos, según consigna el informe, evidencian serios problemas “estructurales en áreas cruciales como la gestión presupuestaria y la información vinculada a adquisiciones fuera del sistema de compras públicas”.

En lo que respecta al análisis regional, los promedios son más evidentes. Y es que regiones como Antofagasta, Arica y Parinacota y Coquimbo obtuvieron los puntajes más bajos, con promedios que bordearon el 60%; mientras que, en la vereda opuesta, Atacama (84,7%), Aysén (84,1%) y Los Lagos (82,2%) lideraron los resultados con promedios de cumplimiento.

Al respecto, el presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, sostuvo que uno de los compromisos de la entidad “es garantizar la transparencia activa en el país. Este proceso no solo busca identificar falencias, sino también aplicar las medidas correctivas que aseguren el cumplimiento de los estándares exigidos por la ley, lo que es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones”

“El 100% de cumplimiento no es una opción, es un deber”, expresó.

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Consejo para la Transparencia revela que alto porcentaje de municipalidades cumple con acceso a la información

En el informe, el Consejo para la Transparencia aclara que entre las medidas correctivas para las municipalidades con bajo nivel de cumplimiento se encuentra “la elaboración de planes de acción específicos que permitan subsanar las deficiencias detectadas”.

En esa línea, apunta a que se debe realizar la actualización de la información publicada, la implementación de sistemas de monitoreo interno para asegurar la disponibilidad de datos clave y la capacitación del personal encargado de la gestión de transparencia activa.

“Estas acciones serán verificadas en futuras fiscalizaciones, y los organismos que no cumplan con estas exigencias podrán enfrentar sanciones adicionales”, añaden.

Por último, vale consignar que el ente notificará estos resultados a la Contraloría General de la República y a las comisiones de Gobierno del Congreso Nacional, con el propósito de garantizar el seguimiento de las medidas correctivas implementadas.