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La Asociación de Magistradas y Magistrados calificó como de "máxima gravedad" la situación de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, suspendida tras revelarse su relación con el abogado Luis Hermosilla, principal implicado en el Caso Audio, y los posibles favores intercambiados. El organismo rechazó enérgicamente estos actos que debilitan las bases democráticas del país, respaldando la suspensión y apertura de un proceso de remoción. Se insta a avanzar en una reforma para modificar el sistema de nombramientos judiciales y reducir la opacidad en el sistema judicial chileno.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados catalogó de “máxima gravedad” los hechos que tienen a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, en el ojo del huracán.
Recordemos que la magistrada se encuentra suspendida de sus funciones luego que se conociera, a través de un reportaje de The Clinic, sus lazos con el abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el Caso Audio.
En concreto, la investigación expuso las presuntas gestiones que tanto Luis Hermosilla como Andrés Chadwick habrían realizado para ayudar en su nombramiento a la Corte de Apelaciones, además de los favores realizados por la magistrada en beneficio del abogado.
En esa línea, el cuerpo colegiado sostuvo que rechaza “categóricamente conductas de esta naturaleza, que no hacen más que dañar las bases institucionales de la República y destruir nuestra democracia”.
Es por esto que consideran “acertada la medida de suspensión inmediata para la ministra de la ICA Santiago Sra. Sabaj informada por el Pleno de la Corte Suprema y la apertura de un cuaderno de remoción”.
Este último, por cierto, buscará reunir todos los antecedentes necesarios del caso para tomar decisiones sobre la continuidad o no de Sabaj en el tribunal de apelación.
Finalmente, el documento firmado por la asociación nacional expresa que es “de suma urgencia avanzar en el proyecto de ley que modifica el sistema de nombramientos judiciales”.
Al mismo tiempo, es necesario, afirman, realizar “profundos ajustes a una propuesta que no ataca la opacidad que ha caracterizado al sistema judicial manteniendo el control político en la designación de los jueces chilenos”.
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