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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Ministerio de Justicia, a cargo de Jaime Gajardo, está buscando formas de minimizar el impacto de los recortes presupuestarios al Poder Judicial y a la Fiscalía, que ascienden a 7 mil millones de pesos y 14 mil millones de pesos respectivamente. Gajardo ha mantenido conversaciones con los líderes de ambas instituciones para evaluar mecanismos que eviten consecuencias negativas en su funcionamiento, sin confirmar si se reconsiderarán las rebajas de fondos. Desde los tribunales se ha alertado sobre la dificultad de mantener suplencias de jueces y pagos de guardias, mientras que los fiscales han advertido la posible paralización de investigaciones. A pesar de los riesgos, el ministro de Justicia se compromete a buscar mecanismos para mitigar el impacto y apoyar el cumplimiento de las funciones de ambas instituciones.

El Ministerio de Justicia está explorando las vías para que los recortes presupuestarios al Poder Judicial y a la Fiscalía generen el menor impacto posible.

El titular de la cartera, sin embargo, no quiso adelantar si entre las medidas podría estar la reconsideración de las millonarias rebajas de fondos.

De visita en Coronel, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, informó que está en conversaciones con los jefes tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, quienes han expresado preocupación por el impacto que podría tener el recorte de 7 mil millones de pesos a la Fiscalía y $17 mil millones a los tribunales.

Buscan mecanismo para disminuir impacto de recorte

Ya se entrevistó con el presidente de la Corte Suprema, ministro Ricardo Blanco, y en los próximos sostendrá un encuentro con el fiscal nacional Ángel Valencia, con el objetivo de evaluar la forma de evitar las consecuencias que el recorte podría producir en el trabajo de ambos organismos.

“Estamos sosteniendo las conversaciones para ver, dentro de las finanzas públicas, cómo podemos desarrollar un proceso que nos permita que tenga el menor impacto posible tanto en el Poder Judicial y el Ministerio Público; y asimismo ver aquellos mecanismos en los que podamos colaborar para que estas dos instituciones, que son relevantes para nuestro país, puedan cumplir adecuadamente sus funciones”, explicó la autoridad de gobierno.

Desde los tribunales se ha advertido en la imposibilidad de mantener la suplencia de jueces o el pago de guardias y compra de tecnología, mientras que derechamente los fiscales han advertido la posible paralización de investigaciones.

Al respecto, el ministro de Justicia no quiso confirmar si son esos efectivamente los riesgos que podría causar el recorte presupuestario, y tampoco asegurar que los ajustes —como él los llamó— podrían ser revertidos. “Vamos a ver los mecanismos para que esto tenga el menor impacto posible para el desarrollo de sus funciones”, reforzó.

Las declaraciones las entregó en su visita a Coronel, donde landó el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que reemplazará al Sename.