VER RESUMEN

Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo.
Herramienta desarrollada por BioBioChile

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, respondió a los cuestionamientos del fiscal nacional, Ángel Valencia, por el recorte de $7 mil millones al presupuesto del Ministerio Público para el 2025. Valencia expresó su preocupación por la reducción de fondos, indicando que afectará la protección de víctimas, testigos, peritajes y adquisición de software. Por su parte, Cordero señaló que se trata de un ajuste ordenado por el Parlamento y destacó la importancia del diálogo institucional para abordar este tipo de situaciones. Subrayó la necesidad de garantizar la continuidad y regularidad de las instituciones sin afectar sus resultados.

Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, abordó “la inquietud” del fiscal nacional, Ángel Valencia, por el recorte del presupuesto del Ministerio Público, por $7 mil millones, para este 2025.

Sobre la materia, previamente, Valencia aseguró que “el impacto es bien grave (…) vamos a tener menos dinero para la protección de víctimas y testigos, vamos a tener menos dinero para peritajes privados… nos vamos a poder comprar software para análisis informático. Nos impacta muy duro”.

Igualmente, reconoció “problemas graves” con el ministerio liderado por Mario Marcel, quien posteriormente destacó que “va a haber diversas posibilidades de adecuación dentro de los presupuestos institucionales en lo que reste de la ejecución presupuestaria”.

Cordero y “la inquietud” de Valencia por recorte en presupuesto del Ministerio Público

Consultado al respecto, el subsecretario Luis Cordero descartó que se trate de un problema de “dimes y diretes”, destacando que “este es un ajuste presupuestario que ordenó el Parlamento”.

“Las preocupaciones del fiscal nacional son legítimas por cierto, no cabe ninguna duda, y los mecanismos de diálogo, cuando se producen estos ajustes fiscales (…) en la forma en que habitualmente se abordan, es conversando en aquellos lugares donde, por ejemplo, las instituciones consideran que es necesario hacer reasignaciones”, complementó.

Agregando que “la inquietud del fiscal nacional es muy legítima, pero los diálogos institucionales para esto están muy protocolizados y lo que importa es no alterar el normal funcionamiento de las instituciones”.

“Un ajuste presupuestario ordenado por el Congreso tiene impactos y la obligación nuestra -de todos quienes estamos a cargo de las instituciones- es garantizar que tengan continuidad y regularidad sin afectar los resultados que tienen. Por eso la inquietud es completamente legítima y la forma de poder abordarla es una obligación de todos nosotros”, cerró.