La Asociación de Educadores de Chile (Aseduch) expresó su preocupación por el aumento del ausentismo escolar, que afectaría a casi 850 mil niños, lo que representa el 28,1% de la matrícula nacional, según datos recientes del informe de Acción Educar.
Este porcentaje aumentó un 37,3% respecto al ausentismo que se registraba antes de la pandemia, lo que acentúa la urgencia de medidas inmediatas para evitar los daños irreversibles que puede provocar este problema.
Ante la preocupante cifra, el presidente de la Aseduch, José Luis Velasco, declaró que “es un llamado de atención sobre la necesidad urgente de revisar los enfoques y políticas que hoy día se están aplicando desde el Mineduc y los establecimientos”.
Las consecuencias no sólo afectan al rendimiento académico, sino también al desarrollo emocional y psicosocial de los estudiantes, cuestión que los pondría en desventaja de cara al futuro y los pondría en riesgos como el abandono social o delincuencia.
Según James Tucker, miembro del Directorio de Aseduch, “si un niño no está en la escuela, no está aprendiendo, y en muchos casos está siendo dejado atrás, tanto académica como socialmente. Esto puede tener efectos devastadores para su futuro”.
Es necesario que los tutores de los niños se involucren en los procesos escolares y fomenten hábitos de asistencia, pero también se hace crucial el rol de los docentes y directivos. Es esencial que ofrezcan clases desafiantes, programas de recompensa por asistencia y que proporcionen apoyo emocional a aquellos que lo necesiten.
Tucker también destacó que “las autoridades no pueden seguir tomando decisiones que agraven la situación, como la suspensión frecuente de clases o la práctica de citar a los estudiantes a las 8:00 AM solo para tomarlos presentes y luego enviarlos a casa, como se ha denunciado en el Instituto Nacional. Este tipo de medidas no sólo son perjudiciales para el aprendizaje, sino que envían un mensaje erróneo a las familias y estudiantes”.
Por esta situación, la asociación hizo un llamado urgente a las autoridades y a los sostenedores de establecimientos educacionales, para que en el año escolar 2025 implementen políticas públicas que promuevan la presencialidad constante en las aulas, que respeten los derechos de los estudiantes y que consideren las dificultades que enfrentan las familias para garantizar la asistencia escolar.
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