Empresa multada en España por integrar "cartel de licitaciones" administrará la Bolsa de Empleo

El 2021 estalló en España una polémica por la desmantelación de un “cartel de licitaciones”: un grupo de empresas que durante alrededor de una década se habían estado organizando para manipular los resultados de las adjudicaciones. La investigación de varios años dio paso a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de dicho país cursara millonarias multas a las empresas participantes.

En marzo de este año, una de las empresas involucradas de adjudicó una licitación en nuestro país. Esta fue la compañía de tecnología Altia, fundada en 1994 y de presencia internacional, la cual ganó el concurso de $6.750 millones más iva para administrar la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) de la Subsecretaría del Trabajo para el periodo 2025-2029.

Que el servicio haya sido entregado a una empresa extranjera sancionada por colusión en licitaciones en su país de origen, es hoy uno de los antecedentes presentes en una demanda ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP). En la discusión, otra de las compañías competidoras que perdió la licitación, busque que se impugne la adjudicación de Altia, alegando también múltiples errores en la postulación administrativa de la empresa española.

Desde la Subsecretaría del Trabajo, afirmaron que la postulación de Altia se rigió de acuerdo a la ley, mientras que la empresa enfatizó que la sanción no les impidió seguir participando en compras públicas y su credibilidad se mantiene intacta.

El cartel de licitaciones

El 5 de octubre de 2017 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España recibió los antecedentes de una investigación abierta por un posible reparto de contratos de servicios de consultoría que daban cuenta de una red de colaboración regional y nacional entre empresas para hacerse de licitaciones de forma irregular.

Los hechos acreditados en la sentencia entregada el pasado 11 de mayo de 2021, daban cuenta de comunicaciones e intercambio de información comercial sensible, relacionados con cientos de licitaciones en las que participaron una veintena de empresas entre 2008 y 2018. Una infracción “muy grave”, de acuerdo al organismo regulador español.

El funcionamiento del cartel se basaba en reuniones entre las empresas en que establecían criterios de coordinación para ofertas de determinada manera en las licitaciones con el fin de que una compañía en específico ganara: el sistema se hacía a través de la presentación de “ofertas de cobertura”, de escasas o nulas posibilidades de adjudicación que terminaban beneficiando a una.

Una de las empresas imputadas en la ocasión fue Altia –centrara especialmente en el rubro de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)– la cual formó parte del cartel del norte, junto a otras 13 empresas. De acuerdo a la sentencia, Altia habría caído en una infracción en septiembre 2015, al realizar una “oferta de cobertura” en un contrato de Servicios de asesoramiento en la definición de la estrategia y hoja de ruta Smart City.

Dentro de los antecedentes de la causa se encontraban correos intercambiados entre Deloitte –otra de las compañías imputadas– y Altia, en la que se entregaban datos confidenciales y se le pedía a la segunda que le diese cobertura a cambio de una serie de compromisos futuros. Otra de las evidencias utilizadas en el caso, fue un documento Excel encontrado en los computadores de Deloitte denominado “empresas cobertura”, en la que se encontraba una lista de compañías a las que la empresa podía contactar para este tipo de colaboraciones, entre las que se encontraba Altia.

El tribunal consideró las pruebas presentadas “irrefutables” y multó a Altia con 30.000 euros, alrededor de 32 millones de pesos chilenos, pero no la inhabilitó de seguir participando en procesos licitatorios.

Demanda en el Tribunal de Contratación Pública

El pasado 15 de mayo ingresó al Tribunal de Contratación Pública una demanda en contra de la Subsecretaría del Trabajo, en la que se solicitaba dejar sin efecto la adjudicación de Altia a la licitación. La demanda fue presentada por BizPartnersSpA, uno de los dos otros competidores para aquel servicio.

La licitación –que contaba con un presupuesto de $9.500 millones– tenía como objetivo la administración de la Bolsa Nacional de Empleo: o sea, el traslado de la actual plataforma de búsqueda de empleos para los trabajadores a una nube, su refactorización a microservicios, el desarrollo de nuevos requerimientos, la administración de la plataforma que permita su correcto funcionamiento y prestación de servicios, etc.

El 26 de marzo la Subsecretaría del Trabajo consideró que Altia era la empresa que contaba con mayor puntaje por su oferta técnica, económica ($6.750 millones más iva) y por criterios formales y de sustentabilidad.

Sin embargo, BizPartners acusó que el servicio nunca se le debió haber adjudicado a Altia por su conflicto en España y faltas administrativas en su postulación.

En los antecedentes presentados en la causa, Bizpartners acusó que las irregularidades por las que fue sancionada la empresa evidenciaría “que la experiencia aportada por la adjudicada fue obtenida fraudulentamente, como consecuencia del cartel en el cual participaba, lo que hace que dicha experiencia no pueda ser considerada”.

Además indicó que algunas de las cartas de compromiso de los profesionales que debiesen estar apostillados no lo estaban, por lo que no tendrían validez en Chile. Asimismo acusó que por una modificación en aquellos documentos, el personal presentado no poseería permiso laboral para trabajar en Chile, residiendo estos en el extranjero.

La abogada también indicó que habría varios de los puestos del proyecto que estarían siendo cubiertos por personas que no tienen el título exigidos según las bases administrativas, y que en algunos casos que sí cuentan con los estudios, estos tampoco habrían sido apostillados y validados en el país.

“Estos actos arbitrarios y abusivos afectan gravemente los principios de eficiencia y eficacia del gasto público. A este respecto, es menester señalar que la eficiencia busca que los recursos públicos se utilicen de la mejor manera posible, pero en caso alguno permiten adjudicar a quien no cumple con las exigencias establecidas en las Bases de Licitación”, concluye el documento.

Respuestas

Consultados por Radio Bío Bío sobre la razón de otorgarse la licitación a una empresa sancionada en España por alterar licitaciones, desde la Subsecretaría del Trabajo indicaron que Altia “cumplió con lo requerido y que no presentó inhabilidades. No se puede exigir mayores inhabilidades para participar que aquellas estrictamente establecidas por la ley”. Asimismo afirmaron que la documentación presentada por la compañía española fue la requerida y exigida por la ley de compras públicas.

“La empresa Altia Consultores S.A. Agencia en Chile fue seleccionada por cumplir con las bases técnicas y administrativas de la licitación, presentando una oferta técnica y económica que fue evaluada. Tanto las bases de licitación como su resolución de adjudicación fueron tomadas de razón por la Contraloría General de la República (CGR) y el acta está publicada en el portal y todos los antecedentes son públicos”, indicaron.

Por su parte, desde Altia, afirmaron que esta “no se encuentra inhabilitada para contratar con ninguna administración pública, ni en España, ni en Chile, ni en ningún otro país, tal como lo avala nuestra operativa vigente en múltiples mercados”.

También agregaron que la sanción no les ha quitado confiabilidad: “(…)nuestra credibilidad y solidez no se han visto afectadas en absoluto, como lo demuestra el hecho de que seguimos siendo adjudicatarios de contratos tanto con grandes empresas del IBEX, como con organismos públicos relevantes como la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), el SEPE o la EPO, entre otros, además de proyectos activos en Chile, particularmente en el área de empleo”.

“Con más de 30 años de trayectoria, y casi 10 años de presencia en Chile, somos una de las consultoras más reconocidas en España. Al cotizar en el BME Growth, somos Entidad de Interés Público, lo que implica estar sujetos a rigurosos mecanismos de control y transparencia por parte de organismos reguladores”, concluyeron.