La bancada de senadores DC e independientes presentaron una propuesta de Reforma Constitucional para impedir que los sueldos de altas autoridades se reajusten en porcentajes superiores al que se le otorga a los trabajadores y trabajadoras del sector público.
Con el objeto de evitar la desigualdad entre trabajadores de la administración del Estado y las altas autoridades, senadores de la DC e independientes ingresaron a tramitación la reforma constitucional sobre reajustabilidad de las remuneraciones de las altas autoridades, cuya fijación corresponde a la comisión creada por el artículo 38 bis de la Constitución.
La iniciativa fue presentada por la jefa de bancada de los senadores DC, Yasna Provoste junto Iván Flores y los independientes, Karim Bianchi y Fabiola Campillai.
“Este proyecto se refiere exclusivamente a la reajustabilidad anual de las remuneraciones de las autoridades que indica el artículo 38 bis de la Constitución. No se refiere a la fijación de las remuneraciones de las autoridades que esa misma disposición señala (ministros, parlamentarios, Presidente y otros cargos de jefatura), las que deben ser fijadas 18 meses antes que termine el respectivo período presidencial para que rijan a partir del siguiente período”, precisó Provoste.
Añadiendo que, por ejemplo, “aquella Comisión debe fijar las remuneraciones para las nuevas autoridades que asuman el 11 de marzo de 2026, a más tardar el 11 de septiembre de 2024”.
Reajustabilidad de las remuneraciones
En esa línea, Provoste aclaró que lo que se pretende evitar con esta reforma constitucional es que la reajustabilidad anual de las remuneraciones de las referidas autoridades no sea superior a la reajustabilidad anual de todos los trabajadores de la Administración Pública”.
“Tal situación se produjo en el reajuste de remuneraciones a partir del 1° de diciembre de 2023, en que, por una parte, la Comisión encargada por la constitución de fijar las remuneraciones de las autoridades estableció por resolución publicada el 22 de diciembre pasado que la reajustabilidad sería de 4,8 %; y, por otra parte, la ley de reajuste de las remuneraciones de los trabajadores de la administración pública determinó que la reajustablidad sería un 4,3%.”, detalló la senadora.
Además, la representante de Atacama indicó que, evidentemente, esta situación desigual genera desconfianza, la que, sin duda, puede ser un obstáculo difícil de salvar cuando se pretenda por el Gobierno de turno lograr futuros acuerdos de reajuste anual de sueldos con las organizaciones de trabajadores del sector público.
Reforma constitucional
Por su parte, el vicepresidente de la ANEF, Hellmuth Groitt, sostuvo que están apoyando la iniciativa, porque “cuando el tema salió a la luz, muchos pensaron que era una falta de sentido común y nosotros no creemos eso, creemos firmemente que esto es soberbia y es una indolencia producto de un sentido de impunidad. Y la reforma constitucional es un acto de reivindicación”
Finalmente, el dirigente Flavio Garrido puntualizó que es un proyecto que hace justicia, en parte, respecto de funcionarios de primera y segunda categoría que existen en Chile.
