Análisis, elaborado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, a raíz de consultas realizadas por Radio Bío Bío, da cuenta de “una frecuencia promedio de toma de licencias casi 3 veces superior entre los trabajadores dependientes del sector público en comparación a los trabajadores dependientes del sector privado e independientes”. Juan Bravo, director del Observatorio, sostiene que “una posible explicación, que sugiere nuestro análisis, es que esto puede obedecer a la mayor prevalencia de trabajadores dependientes del sector público en la rama Salud y su mayor exposición al COVID-19, considerando que las últimas cifras son para 2022”.
El pasado 2 de enero la Confederación de la Producción del Comercio (CPC) -que agrupa a los principales gremios empresariales del país- presentó una propuesta “tributaria pro crecimiento como alternativa al pacto fiscal” que promueve el gobierno del Presidente Gabriel Boric. En el documento, de 33 páginas de extensión, se detallaron una serie de medidas “sectoriales” que constituyen -a su juicio- un “incentivo a la inversión, el empleo y la productividad”.
Uno de los puntos desarrollados por la CPC fue la eficiencia del gasto público. En este ítem, el texto señaló que “se observan (…) algunas prácticas altamente onerosas para el Estado como empleador, como por ejemplo, los 35 días promedio de licencias médicas en el sector público (en comparación con los 22 días promedio de licencias médicas en el sector privado), las que estimamos como un costo aproximado de otros USD $1.800 millones” (vea propuesta).
Lo expuesto por la CPC va en la misma dirección de un Informe elaborado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), tras consultas de Radio Bío Bío respecto a las cifras de la CPC, el que da cuenta que en 2022 se autorizaron 3,3 licencias en promedio por trabajador dependiente del sector público; 1,2 licencias en promedio para trabajadores del sector privado; y 1,1 licencias en promedio para trabajadores independientes.
En base a lo anterior, el análisis -elaborado por Juan Bravo, director del OCEC UDP, y José Acuña, investigador del mismo observatorio- evidencia una “frecuencia promedio de toma de licencias casi 3 veces superior entre los trabajadores dependientes del sector público en comparación a los trabajadores dependientes del sector privado e independientes”.
Y agrega: “Si bien una parte del resultado puede obedecer a la mayor prevalencia de trabajadores dependientes del sector público en la rama Salud y su mayor exposición al Covid-19, si se excluyen las licencias autorizadas por este grupo de diagnóstico, aún así la frecuencia promedio de toma de licencias entre los trabajadores dependientes del sector público es alrededor del doble en comparación a los trabajadores dependientes del sector privado e independientes”.
Zoom a las licencias
Para entender el estudio -que se centra en el “análisis” de las licencias médicas autorizadas con “información administrativa” de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)- hay que tener en cuenta tres variables: 1) licencias médicas autorizadas, en promedio, por trabajador; 2) días pagados, en promedio, por licencia médica; y 3) días de licencia médica pagados al año, en promedio, por trabajador.
Así como la frecuencia en la toma de licencias médicas es superior en el sector público que el privado, el Informe también revela que en 2022 “entre los trabajadores dependientes del sector público por cada licencia médica autorizada se pagaron 10 días en promedio, mientras que entre los trabajadores dependientes del sector privado se pagaron 12,6 días en promedio por licencia médica. La cifra ascendió a 15 días entre los trabajadores independientes”.
Lo anterior quiere decir que “los días promedio pagados por cada licencia autorizada son menores entre los trabajadores dependientes del sector público”. En simple: utilizan más licencias pero los días pagados, en promedio, son menores a los del sistema privado. Pese a esto, el texto advierte que “la mayor frecuencia de toma de licencias entre los trabajadores dependientes del sector público no logra ser compensada por la menor cantidad de días promedio pagados por licencia”.
Con estos dos factores sobre la mesa, frecuencia y días pagados, viene el tercero. Y es que el estudio afirma que lo anterior se traduce en que “en el año 2022 se pagó un total de 33,1 días de licencia en promedio por cada trabajador del sector público, cifra considerablemente mayor a los 15,1 y 16,7 observador entre los trabajadores dependientes del sector privado y los trabajadores independientes, respectivamente”.
Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, respecto a los factores que explican el Informe, señala que “una posible explicación, que sugiere nuestro análisis, es que esto puede obedecer a la mayor prevalencia de trabajadores dependientes del sector público en la rama Salud y su mayor exposición al COVID-19, considerando que las últimas cifras son para 2022”.
Y agrega: “Con todo, si se excluyen las licencias autorizadas por este grupo de diagnóstico, aun así la frecuencia promedio de toma de licencias entre los trabajadores dependientes del sector público es alrededor del doble en comparación a los trabajadores dependientes del sector privado e independientes”.
Metodología
Para arribar a los datos que plantea el documento del OCEC UDP, se utilizaron cifras de la SUSESO, y dado que esta “solo reporta el total de cotizantes dependientes, sin desglosar por cotizantes del sector público y privado”, es que se se “utilizan las cifras de la Encuesta Nacional Nacional de Empleo del INE”, precisa el texto. Lo anterior, con el fin de “determinar para cada año el porcentaje de trabajadores dependientes formales que pertenecen al sector público y al sector privado”.
Al hacer este cruce -expone el documento- se tiene que “en 2021 el 18% de los trabajadores dependientes formales correspondió al sector público, mientras que en 2022 este segmento representó el 17,3% del total de trabajadores dependientes formales”. Bajo este escenario, se estima “para el año 2021 un total de cotizantes dependientes del sector público de 1.018.9447 y de 943.374 para 2022”.
Juan Bravo, director del OCEC UDP, lo explica así: “Para poder distribuir el total de cotizantes dependientes que reporta SUSESO en dependientes del sector público y del sector privado, se utiliza la Encuesta Nacional de Empleo del INE, y se calcula qué porcentaje del total de trabajadores dependientes formales (es decir, con cotizaciones) es dependiente formal del sector público y qué porcentaje es dependiente formal del sector privado”.
Luego, ejemplifica y aterriza: “Por ejemplo, en 2022, los datos procesados arrojan que el 17,3% de los trabajadores dependientes formales era del sector público. Por ende, considerando que SUSESO indica que el total de cotizantes dependientes en 2022 fue 5.453.029, se estima que los cotizantes dependientes del sector público fueron 943.374 y los cotizantes dependientes del sector privado fueron 4.509.655”. De aquellas cifras es desde donde se trabaja para llegar a las cifras del estudio.
“Lo único que se usa del INE es el porcentaje de dependientes formales que pertenecen al sector público y al sector privado. La cifra del INE es una excelente proxy para conocer la distribución de cotizantes dependientes formales en dependientes formales del sector público y del sector privado. Todo lo demás es información de SUSESO”, complementa Bravo (vea informe).
Estado fiscalizador
La CPC en su propuesta hizo mención a que “la gestión del Estado, que es básicamente un gran prestador de servicios y no de bienes, pasa por la buena administración de su capital humano y sus trabajadores, la posibilidad de modernizarse por la vía de la digitalización y uso de inteligencia artificial cada vez más extendido en el mundo. Para esto resulta fundamental hacer cambios profundos al Estatuto Administrativo generando algún grado mayor de flexibilidad en la salida, renovación y cambio de funciones de los empleados públicos”.
Al respecto, el director del OCEC UDP plantea que “siempre es necesario fiscalizar el adecuado funcionamiento del sistema de licencias médicas. Sin embargo, se requiere entender las causas de las diferencias encontradas. Si el problema es de gestión, entonces efectivamente una mayor y mejor fiscalización puede contribuir a generar beneficios al erario fiscal. En cambio, si las diferencias obedecen a otras razones entonces se deben establecer soluciones basadas en dichas causas”.
La ex Superintendenta de Seguridad Social, María Soledad Ramírez, dice que “quizás en el sector público las condiciones, la normativa, puede estar facilitando que efectivamente, como existen diferencias en cuanto, por ejemplo, a la percepción del subsidio por parte del funcionario público, respecto de lo que es el trabajador del sector privado, claramente existen diferencias, ya que en el caso del sector público el funcionario tiene derecho a percibir la remuneración íntegra independiente de que exista el pronunciamiento o no respecto a autorizar esa licencia médica o a reducirla”.
Y agrega: “Básicamente, aquí estamos entrando en el terreno que es la fiscalización, pero lo que es más importante acá es la gestión, porque no nos olvidemos que cuando el trabajador termina su licencia médica y le ha sido pagada su remuneración íntegra, la institución, y aquí entran las instituciones públicas en general, las municipalidades y las corporaciones municipales, deben pedir el reembolso de lo pagado a la institución de salud correspondiente, que le habría correspondido, en el caso que fuera privado, el pago de ese subsidio”.
Bravo va un paso más allá al comentar que se debe “profundizar en las políticas para eliminar la emisión fraudulenta de licencias médicas, sancionando a quienes venden estos justificativos. El uso de herramientas tecnológicas podría contribuir en la detección de emisión fraudulenta de licencias”. Asimismo, cierra “desde el punto de vista de la gestión un elemento a incluir sería una estrategia de seguimiento y monitoreo del estado de salud de quienes se encuentran con licencia médica, especialmente para las de mayor duración”.
Diagnósticos
Teniendo en cuenta las licencias autorizadas y los días pagados, el estudio del OCEC UDP también realizó un “análisis de licencias por grupo de diagnóstico”. Al respecto, en el caso de los trabajadores dependientes del sector público se puede ver que la distribución de las licencias médicas autorizadas en 2022 corresponde en gran parte a Covid 19 (32,2%), seguida de las enfermedades osteomusculares (13,4) y trastornos mentales (12,7).
En el caso de los trabajadores dependientes del sector privado, la situación es diferente. Esto porque de las licencias autorizadas en 2022, el diagnóstico que más se repite son los trastornos mentales (34,3%), seguida de las enfermedades osteomusculares (18,0%) y el Covid-19 (11,2%). En el plano de los independientes, la licencia que más se repite es por trastornos mentales (50,5%). Luego, aparecen las enfermedades osteomusculares (17,9%) y las respiratorias (9,0%).
“Mientras que entre los trabajadores dependientes del sector público el Covid-19 fue el principal diagnóstico que originó las licencias autorizadas de este segmento, representando el 32,2% del total de licencias autorizadas, entre los trabajadores dependientes del sector privado y los trabajadores independientes los diagnósticos relacionados a trastornos mentales, fueron la principal causa de licencias autorizadas, representando el 34,3% y el 50,5% de las licencias autorizadas en dichos segmentos, respectivamente”, señala el estudio.
