Según el abogado de Karina Oliva, lograrán "controvertir todas las medias verdades, conjeturas y múltiples confusiones que se han propalado” respecto de su defendida.
El Ministerio Público habría decidido formalizar cargos contra la excandidata a gobernadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva, así como también contra parte de su círculo más cercano.
Según La Tercera, el fiscal regional Sur, Héctor Barros, junto al investigador Milibor Bugueño, habría solicitado una audiencia de formalización para Karina Oliva y otras 10 personas, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Entre los imputados a formalizar estarían la expareja de Oliva, y expresidente del Partido Comunes, Jorge Ramírez, así como también, el exadministrador electoral Martín Miranda.
Estarían incluidos en la formalización exdirigentes de la colectividad, trabajadores en la campaña electoral de Oliva: Camila Ríos Puebla, Jean Flores Quintana, José Robredo Hormazábal, Diego Corvalán Pérez, Juan Pablo Sanhueza Tortella, David Castillo Palma y Marcelo Riffo Sáez.
A todos los considerados en la formalización, se les imputaría el delito de fraude de subvenciones. Y es que el Ministerio Público habría constatado inconsistencias en la rendición de gastos de la campaña de Karina Oliva, hechos denunciados por un reportaje de Ciper.
El caso de Martín Miranda sería especial, ya que además se le imputaría por infracción al artículo 31 de la Ley de Gasto Electoral, por haber presentado antecedentes falsos en su rol de administrador electoral. En tanto que, a Camila Ríos y José Robredo, se les acusaría por apropiación indebida de dineros provenientes del erario fiscal.
La formalización contra Karina Oliva y compañía se sustentaría en una serie de antecedentes recopilados por el OS-7 de Carabineros, quienes habrían determinado que los imputados utilizaron la Fundación Chile Movilizado como “fachada” para triangular dineros supuestamente desembolsado en función de la campaña.
Indagaciones que demostrarían, entre otras cosas, que la organización copió informes de un estudio que Oliva y el partido, en esa época, encargaron a la encuestadora Criteria, para así recibir fraudulentamente un reembolso por parte del Estado de $120 millones.
Además, el Ministerio Público, habría determinado una lista de personas que habrían emitido boletas ante el Servel, por actividades que nunca realizaron.
Defensa de Karina Oliva dice que no han sido notificados
En tanto que Juan Carlos Manríquez, abogado defensor de Karina Oliva, aseguró que, por el momento, no han sido notificados de una supuesta formalización.
“A la fecha, no hemos sido notificados formalmente de ninguna petición, ni menos de una fijación de audiencia”, aseguró el defensor, agregando que “de resultar ello efectivo, como siempre, vamos a preparar nuestra estrategia de litigación para enfrentar directamente la diligencia”.
Juan Carlos Manríquez agregó en una eventual instancia judicial “vamos a controvertir todas las medias verdades, conjeturas y múltiples confusiones que se han propalado respecto de Karina Oliva y de la verdadera situación que fueron sus campañas”.
Por último, el abogado agregó que “terceros interesados pretendieron ir más allá e involucrar a las nuevas autoridades del país, cuestión absolutamente inefectiva”.
