Con un equipo de abogados está trabajando el diputado Andrés Jouannet para estudiar elaborar una acusación contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Lo acusó de causar daño al país y al gobierno.

El diputado Andrés Jouannet, militante de Amarillos Por Chile, informó que junto a sus abogados está estudiando impulsar una acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, envuelto en la polémica tanto por el caso Convenios como por el robo en dependencias de la cartera que preside.

Resurge la idea de presentar una acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Esto tras la seguidilla de polémicas y críticas hacia su gestión ministerial del último período.

La gota que rebalsó el vaso fue el controversial robo de los 23 computadores y la caja fuerte desde las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, donde se hicieron pasar por el jefe de la cartera para llevar a cabo el delito.

El diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, afirmó que se encuentra con un equipo de abogados investigando los argumentos constitucionales para justificar un eventual libelo. “Le ha hecho tanto daño al país y al gobierno que creo que en este caso podría prosperar o tener una acusación constitucional”, explicó.

Desde el oficialismo catalogaron esta propuesta como ridícula, oportunista e irresponsable, apuntando a un chantaje político armado por la derecha. Así lo indicó el diputado Tomás de Rementería (PS) y su par, Emilia Schneider (CS).

Posible apoyo en la derecha

La oposición, por su parte, afirmó estar dispuesta a apoyar esta eventual acusación, siempre y cuando se tengan los argumentos técnicos suficientes para respaldar el libelo, indicaron Marta Bravo (UDI) y Jorge Guzmán (Evópoli).

Esta sería la segunda vez que el ministro Jackson está bajo la lupa del marco constitucional, ya que en enero de este año, el Partido Republicanos presentó una acusación constitucional, siendo este rechazado por 76 votos en contra. En esa instancia fue acusado con cuatro capítulos, enfocados en supuesta inacción de fiscalización ministerial, presiones políticas, entre otros.