En el documento los legisladores republicanos recordaron que, entre otras cosas, el jurista español “ha sido condenado por prevaricación, ha apoyado directamente la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela y las pretensiones soberanas de Bolivia sobre el norte de Chile”.

La bancada de diputados republicanos presentó un Proyecto de Acuerdo para que la Cámara de Diputadas y Diputados manifiesta su rechazo contra el reconocimiento del presidente Gabriel Boric a Baltazar Garzón.

En Madrid, tras agradecer su rol en la petición de extradición de Augusto Pinochet desde Londres en 1998, el mandatario entregó la medalla de “conmemoración de los 50 años” del Golpe de Estado en Chile al juez español.

Los republicanos argumentaron que el galardón representa una “afrenta y una mancha al honor de la República”, ya que, según explicó el jefe de la bancada Republicana Benjamín Moreno, “los antecedentes del juez Garzón demuestran que no es merecedor de ningún reconocimiento por parte de Chile”.

“Es un ex juez que ha sido condenado por prevaricación y que ha actuado públicamente contra los intereses de de nuestro país al apoyar a Bolivia en una de sus demandas, y que apoyó la violencia desatada e impune del estallido delictual de octubre de 2019″ agregó.

De igual forma, el parlamentario de oposición comentó que Garzón tiene “estrechos vínculos con la oligarquía narcocomunista venezolana, para la cuál Garzón ha oficiado como consultor en muchas ocasiones”.

Agregando que, por lo anterior, aseguran que resulta “contraproducente que se le otorgue cualquier reconocimiento a una persona que tiene estos antecedentes contra de Chile”.

Republicanos presenta Proyecto de Acuerdo

En detalle, en el documento presentado por republicanos se explica que dentro de las acciones cuestionadas del juez Garzón, está la condena por prevaricación, es decir, “dictar una resolución injusta a sabiendas de su injusticia”.

“Ha apoyado abiertamente la tiranía de Nicolás Maduro formando parte del equipo jurídico que representaba a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) en una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en dicho país”, añaden.

Además, cuestionan su asesoramiento a un integrante del Gobierno de Venezuela, Álex Saab, “acusado del lavado de activos y tráfico de armas; ha apoyado abiertamente las pretensiones de Bolivia en el juicio que llevó a cabo este país contra Chile en La Haya”.

“También apoyó públicamente a la denominada ‘Primera Línea’ que en los acontecimientos posteriores al 18 de octubre de 2019 ejercieron violencia en las calles de Santiago, al punto de manifestarse junto a ellos en la Plaza Baquedano, comuna de Providencia, en enero de 2020″, acusan.

Finalmente, concluyen que “al condecorar a una persona que ha sido condenada por este tipo de delitos, y que ha actuado en contra de la soberanía de Chile, se envía una señal equívoca, se premia a quien ha abusado de su posición para actuar en contra de la ley y la justicia”.