La Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación, donde la jueza arriesga penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y una multa de 25 a 250 UTM.

Una causa por divorcio culposo, que se sumó a una denuncia de abuso sexual, terminó en una querella en contra de una jueza de Familia, que fue acusada de apostar en distintos casinos mientras se encontraba con licencia médica.

Según antecedentes a los que accedió BioBioChile, el caso se remonta a 2020, a propósito de un divorcio culposo ante el Primer Juzgado de Familia de Santiago, donde se detectó un listado de licencias médicas presentadas por la jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, María Alejandra González Yutronic.

Cabe destacar que esta última además es querellante por el supuesto delito de abuso sexual en contra de Patricio Vallejo Parker, cuyo abogado arremetió con estos nuevos antecedentes.

Todo esto, en medio de otra denuncia en contra de la jueza, por un eventual delito de falsificación de instrumento público.

De acuerdo a los antecedentes, la jueza registra más de una decena de visitas a distintos casinos mientras se encontraba con licencia médica, en distintas fechas desde 2017 al 2019.

Por ejemplo, en octubre de 2019, mientras estaba haciendo uso de licencia médica extendida por Otorrino Laringólogo, registra movimientos en su cuenta bancaria en el casino Monticello ubicado en San Francisco de Mostazal por un total de $25 millones.

En 2018 también su cuenta registra movimientos en el Enjoy de Rinconada, como en el de Viña del Mar y Coquimbo, con montos que van desde el millón de pesos, hasta los cinco millones doscientos mil pesos, mientras estaba con reposo médico.

Revisa el detalle contenido en la querella a continuación:

No obstante, el abogado de Patricio Vallejo Parker, Luis Cáceres, alertó que entre los meses de febrero a agosto de 2019, se hicieron 27 depósitos en la cuenta corriente de la abogada González Yutronic, por la suma total de $202.255.000.

“Esta cifra considera montos totales de ganancia en casino y no tan solo lo ganado en los días en que se encontraba gozando de licencia médica, es decir, una cantidad desproporcionada cuya periodicidad y monto son producto de los juegos de azar”, indica la ampliación de la querella.

“Además, consta en la mencionada carpeta investigativa que en el mes de febrero del año 2019, la Sra. Alejandra González Yutronic participó en un sorteo en el Casino Monticello en el cual gano el vehículo PPU LGLJ-75 Volkswagen Tiguan”, agrega.

A juicio del abogado Cáceres, esta es una “situación altamente sospechosa, toda vez que se está investigando por parte de esta fiscalía información que dice relación con una eventual amistad entre la Sra. Alejandra González Yutronic con Don Manuel Rojas, gerente general del casino Monticello y el Sr. Adrián Citterio Jefe área de juegos corporativo casino Enjoy. S.A”.

Ante estos antecedentes, la Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación, donde la jueza arriesga penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y una multa de 25 a 250 UTM.

En este marco, el Ministerio Público le solicitó en marzo de 2023 su anuencia para efectos del levantamiento del secreto bancario, a lo que esta última se negó.

Consultado por El Mostrador, el abogado de María Alejandra González Yutronic, el exfiscal Carlos Gajardo, desmintió las acusaciones.

“Los hechos que se denuncian no son efectivos y son efectuados con una persona prófuga de la justicia respecto de la cual la Fiscalía ha presentado acusación”, señaló.

“Dicha acusación es por delitos reiterados de abuso sexual y pedofilia en que está pidiendo 12 años de cárcel por delitos cometidos de manera reiterada en contra de menores de edad”, acotó Gajardo.

“Repugna al derecho la realización de este tipo de acciones mediáticas para amedrentar a víctimas de delitos tan graves”, concluyó.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)