La iniciativa propone que la oficina se instale en puntos determinados “de modo que sea fácil o rápida la identificación de las personas que van ingresando sin tener documentos oficiales”. El anuncio del Gobierno se conoce luego de que el Ministerio Público informara que extenderá a todo el país la política de solicitar prisión preventiva para extranjeros detenidos sin cédula de identidad.
Con una oficina del Registro Civil en centro de justicia, principalmente en zonas de tránsito de migrantes, se pretende acelerar la identificación de personas. Así lo explicó el Ministro de Justicia, Luis Cordero.
La iniciativa propone que la oficina se instale en puntos determinados “de modo que sea fácil o rápida la identificación de las personas que van ingresando sin tener documentos oficiales”.
El anuncio del Gobierno se conoce luego de que el Ministerio Público informara que extenderá a todo el país la política de solicitar prisión preventiva para extranjeros detenidos sin cédula de identidad.
Medida que ha generado respaldo en el Congreso, pero también preocupación, por la “sobrepoblación” que existe en centros penitenciarios del país. Por lo mismo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se reunió con parlamentarios de diversos partidos, para abordar este tema.
Como antecedentes, la autoridad explicó que el sistema penitenciario mantiene la misma capacidad desde 2012, es decir, 41 mil plazas. Un sistema sobrepasado, considerando que hoy existen 46 mil personas privadas de libertad, y las proyecciones de Gendarmería apuntan a que para el primer semestre de 2024 serían 50 mil.
Frente a esto, el secretario de Estado anticipó que ya se está trabajando en la construcción de nuevos recintos penitenciarios, uno en Talca y otro en Concepción, para apaciguar la sobrepoblación progresiva.
Para avanzar en materias legislativas, se constituyó una bancada transversal de diputados y diputadas, que sostendrán reuniones cada dos semanas con el ministerio de Justicia para analizar los avances, en particular con la construcción de nuevos centro penitenciarios, que es algo que genera preocupación en el Congreso.
Así lo destacó el diputado, Andrés Jouannet quien dejó en claro que “se necesita mejorar y aumentar la capacidad carcelaria, tenemos un déficit de cárceles, desde el gobierno de Frei Ruiz-Tagle que no se construye una cárcel de verdad en el país, y el gobierno está abierto al sistema de concesiones, lo que es bueno”.
Rechazo a prisión preventiva
Frente a la política impulsada por el Fiscal Nacional, organizaciones sociales han manifestado su preocupación por las repercusiones que puede tener esta medida en la población extranjera.
Mediante una declaración firmada, más de 50 organizaciones, movimientos y activistas por los Derechos Humanos, criticaron algunos aspectos de esta política, y advirtieron que es populista y criminaliza a las personas migrantes.
Juan Carlos Pérez, vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, señaló que hay personas que pueden sentir miedo a sentirse perseguidos, y que además hay que considerar que puede perjudicar a quienes no han logrado conseguir su cédula por fallas en el sistema.
“Mientras su piel es más oscura, hay más posibilidades de un control de identidad, y muchas veces los papeles, estando uno en situación regular, por lo menos con documentos en trámite, muchas veces no están en los plazos establecidos, hay persona que pasan tres, cuatro o hasta cinco años esperando respuesta del servicio de migraciones”, aseguró Juan Carlos Pérez.
En la declaración, las organizaciones advirtieron sobre la situación de algunas personas migrantes, que “la mayoría de los sectores políticos en Chile y el propio gobierno, se han negado a habilitar un proceso de regularización que permita documentarles, incluirles con todos los derechos y responsabilidades de cualquier ciudadano en Chile”.
