En total, se destinarán 39 mil millones de pesos para fortalecer a Carabineros, la PDI, Gendarmería y Aduanas, que junto a otras instituciones del Estado trabajarán de forma coordinada para desarticular a organizaciones criminales nacionales e internacionales.
Esta jornada se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Asesor contra el Crimen Organizado en La Moneda, con motivo de la presentación de la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO), una hoja de ruta para enfrentar a las bandas delictuales en el país.
De acuerdo con el Gobierno, la PNCO para el período 2022-2027 es la primera política en Chile en esta materia.
Así las cosas, se destinará un presupuesto de más de $39 mil millones, para fortalecer a Carabineros; la Policía de Investigaciones (PDI); Aduanas; Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar); la Unidad de Análisis Financiero y Gendarmería.
A estas instituciones se suman, como integrantes del Consejo Asesor contra el Crimen Organizado, los ministerios de Interior; Defensa; Hacienda y Justicia; el Estado Mayor Conjunto; la Dirección Nacional de Movilización Nacional (DGMN); la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC); Servicio Nacional de Aduanas (SNA); el Ministerio Público; la Agencia Nacional de Inteligencia; el Servicio de Impuestos Internos (SII); y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
La PNCO es un plan estratégico que apunta a “disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile, a través de la acción planificada y coordinada de las instituciones del Estado que colaboran en su prevención, control y persecución”.
Para ello, incorpora directrices y objetivos nacionales de la ONU. Tendrá como objetivo desarticular bandas y organizaciones criminales, y debilitar su poder económico y financiero.
Para lograrlo, se implementarán medidas específicas para combatir los principales delitos y mercados criminales del país: narcotráfico; trata de personas; tráfico ilícito de migrantes; tráfico de armas y municiones; cibercrimen; contrabando y delitos medioambientales como el robo de cobre, madera y salmones; y sus delitos conexos como homicidios y lavado de activos.
Serán cuatro instancias de trabajo interinstitucional:
– Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en materia de prevención y control del crimen organizado: mandatado para asesorar a Interior, primera sesión fue en 6 de mayo.
– Consejos regionales contra el crimen organizado: que asegura implementación de acciones a nivel territorial y priorizar delitos.
– Unidades de coordinación estratégica: análisis y alertas para detectar organizaciones criminales e insumir la toma de decisiones.
– Mesas interinstitucionales para abordaje de delitos de la criminalidad organizada: trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Sus ejes de trabajo son:
– Fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado, que mejore coordinación para el intercambio y análisis de información, y la articulación de acciones conjuntas.
– Desbaratar la economía del crimen organizado, con mejor respuesta estatal en prevención, detección, persecución penal e incautación de beneficios obtenidos por el crimen organizado y la lucha contra el lavado de activos.
– Disminuir el poder de fuego de las organizaciones criminales, fortaleciendo la detección y persecución de tráfico ilegal y actualizando la legislación sobre tenencia de armas.
– Abordar el crimen organizado en recintos penitenciarios, previniendo operación, reclutamiento de nuevos integrantes y el “contagio criminógeno”.
– Agenda legislativa para mejorar la detección, investigación y persecución del crimen organizado.
– Actualizar equipamiento y tecnología.
– Formación institucional y de capital humano.
– Prevenir la corrupción en instituciones públicas.
– Reforma policial para aumentar eficacia en el enfrentamiento del crimen organizado.
– Fomentar cooperación y coordinación internacional.
Gobierno afirma que es una hoja de ruta que fija metas
El presidente Gabriel Boric, sostuvo que la PNCO es una hoja de ruta que fija meta y recursos para enfrentar un “vacío que teníamos como país, en la lucha contra las organizaciones criminales e internacionales”.
“Nuestra principal prioridad es garantizar la seguridad de nuestros habitantes en todas sus dimensiones. Quiero que en nuestra Patria todos y todas las habitantes puedan mirar al futuro con la certeza de que en Chile la delincuencia no seguirá creciendo”, dijo el Mandatario.
“El Estado se está haciendo cargo de este fenómeno, con decisión, con urgencia y con recursos, para que podamos construir en conjunto un Chile más seguro (…) El Estado no se puede quedar atrás, si la delincuencia avanza, el Estado tiene que ponerse al día”, agregó.
En tanto, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, sostuvo que esta política contempla un “refuerzo a los organismos que controlan la entrada ilegal de armas en las fronteras”.
“Hay medidas que tienen por objeto fortalecer las capacidades que hay en Aduanas para hacer este control. Esto es una de las líneas, bajar el poder de fuego, tenemos varias líneas; por ejemplo, controlar el desarrollo de crímenes asociados al crimen organizado desde los centros penales”, explicó la secretaria de Estado.
El director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, valoró la PNCO. “Una criminalidad moderna requiere también de medidas más modernas, que estén actualizadas a los nuevos tiempos”, sostuvo. Asimismo, señaló que “tenemos una experiencia en el combate a estas grandes organizaciones en delitos específicos, que es lo que hoy día tenemos que perseguir”.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indicó que en paralelo avanza el proyecto de ley de ciberseguridad y que desde el Ejecutivo presentarán indicaciones al proyecto de Inteligencia.
“El Gobierno ha ingresado un conjunto de iniciativas: el sicariato; secuestro; tipificación del delito de extorsión; subir sanciones de tenencia y porte ilegal de armas”, cerró la autoridad.
