Hay dos casos que engloba la estrategia, que requiere análisis caso a caso: las familias que ocupan estos sitios por no tener donde vivir y los estafadores que venden lotes a familias vulnerables fuera de toda legalidad.

El Gobierno concretó una reunión en La Moneda para afinar, coordinar y abordar el procedimiento de desalojo de tomas de terrenos fiscales, además de avanzar en acciones que detengan la situación.

El encuentro fue liderado por la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro; y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Desde el Gobierno reconocieron que se trata de “un fenómeno que ha ido en aumento”, aunque aseguraron que el Ejecutivo “ha estado trabajando intensamente para evitar su proliferación”.

“Ambas autoridades analizaron las diferentes medidas que se aplican ante estas ocupaciones atendiendo a las diferentes realidades que hay en ellas como los desalojos cuando corresponden y la persecución penal de personas que estafan a familias vulnerables a través de ventas ilegales de terrenos”, indicaron desde Bienes Nacionales a través de un comunicado.

“Tenemos una política de enfrentar esto para evitar que siga proliferando. En ese sentido necesitamos – en algunos casos – hacer desalojos y eso requiere la coordinación con todos los actores que intervienen, incluidas las policías, las fiscalías, los delegados
presidenciales, y por eso nos hemos reunido con el subsecretario del Interior”, dijo la ministra Toro tras el encuentro.

Tomas de terrenos fiscales: crisis habitacional versus familias estafadas

¿Cómo es la revisión que hacen las autoridades? “Caso a caso”, confirmó Toro.

“Haciendo una distinción clara cuando se trata de necesidades relacionadas a la crisis habitacional, y donde el Gobierno está respondiendo con el Plan de Emergencia Habitacional; versus tomas de segundas viviendas y loteos ilegales que terminan siendo vendidos a familias vulnerables que son estafadas”, detalló.

“Esos son casos que nosotros queremos enfrentar con decisión cuando empiezan, porque no podemos seguir permitiendo que proliferen y que finalmente se instale una impunidad respecto de esta situación”, enfatizó la titular de Bienes Nacionales.

Respecto del procedimiento, la secretaria de Estado detalló que “nosotros hacemos una labor permanente de fiscalización y, cuando recibimos denuncias, vamos al lugar para hacer estas distinciones necesarias”