La investigación canónica contra el sacerdote Felipe Berríos determinó "la verosimilitud de actos de significación sexual de distinta relevancia", los que se traducen en tocaciones y traspasos de límites en el ejercicio del sacerdocio contra siete mujeres adolescentes. Por otra parte, de calificó de "no verosímil" la denuncia de un hecho que habría afectado a una menor de 7 u 8 años.
La Compañía de Jesús en Chile dio a conocer los resultados de la investigación canónica contra el sacerdote Felipe Berríos, acusado por presuntos hechos de connotación sexual.
El caso se hizo público el pasado 3 de mayo, cuando la institución decidió apartar de sus funciones al jesuita.
Tras ello, se encomendó una investigación a la abogada María Elena Santibáñez, quien determinó “la verosimilitud de actos de significación sexual de distinta relevancia que habrían afectado a siete mujeres jóvenes y adolescentes”.
De acuerdo al informe, estos episodios se refieren a “tocaciones y diversos traspasos de límites en el ejercicio del sacerdocio”, ocurridos entre los años 1993 y 2009.
Por otra parte, Santibáñez calificó de “no verosímil” la denuncia de un hecho que habría afectado a una menor de 7 u 8 años.
Cabe mencionar que testificaron más de 40 personas para llegar a estas conclusiones.
“Durante este tiempo, seguirá vigente la medida cautelar impuesta por el Provincial de la Compañía de Jesús a Felipe Berríos de la suspensión del ejercicio público del ministerio sacerdotal”, informa la entidad religiosa.
Además, como se trata de una etapa preliminar de recopilación de antecedentes, estos serán enviados por el Provincial a la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma “para su revisión y envío al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, entidad competente que deberá determinar los pasos a seguir”.
“Como Compañía de Jesús emitimos este comunicado en el contexto de nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad y de la justicia. También, manifestamos nuestro absoluto rechazo a cualquier tipo de abuso y nuestro sostenido esfuerzo por el cumplimiento de protocolos que aseguren la debida protección de niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables”, concluyen.
