Test de drogas en Cámara Baja: el debate sobre si la medida invade el derecho a la vida privada

Luego del sorteo de parlamentarios que deberán someterse al test de drogas en la Cámara de Diputados, existen discrepancias sobre si la modificación reglamentaria invade el derecho a la vida privada.

Algunos sostienen que es una buena medida, aplicable a funcionarios del Poder Judicial o al Gobierno, mientras otros señalan que es un “show político” y una oportunidad perdida para debatir sobre la política de drogas en Chile.

Tras darse a conocer el listado de los 78 diputados y diputadas que -de manera aleatoria- fueron seleccionados para someterse a un test de drogas, según el nuevo reglamento de la Cámara Baja, que tiene por objetivo regular la prevención del consumo indebido de sustancias y así descartar cualquier vínculo con el narcotráfico.

Parlamentarios han presentado reparos a la norma, sobre todo al establecerse que aquellos exámenes que arrojen positivo, serán difundidos públicamente.

Como “controversial” fue catalogada la regla por el diputado DC, Eric Aedo, fundamentando que compromete el derecho a la vida privada.

Sin embargo, señaló que los congresistas, al ejercer una labor pública, su toma de decisiones que involucren a la ciudadanía deben ser transparentadas.

El diputado de Revolución democrática, Jaime Sáez, quien reconoce consumir cannabis con supervisión médica para tratar la migraña crónica que le aqueja, indicó que es una oportunidad perdida para debatir -de fondo- la política de drogas en Chile.

Por su parte, el parlamentario UDI, Juan Antonio Coloma, propone aplicar el test de drogas en funcionarios del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, señalando además que desea medidas más duras contra quienes arrojen positivo al examen.

A su vez, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, estimó que aquellas diputadas o diputados que consuman drogas, deberían dejar su cargo.

Las y los legisladores que den positivo deberán autorizar el levantamiento de su secreto bancario, sumado a que si existe una transacción por sobre las 800 UF, deberán justificar los montos.

De no hacerlo, la información recabada será derivada a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Baja o al Ministerio Público.